Representantes de diferentes asociaciones de productores de mejillón --que según sus estimaciones representan al 90 por ciento del sector-- han lamentado que la Xunta pretenda incrementar en un ''2.500 por ciento'' la cuantía del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que abonan por la concesión de sus bateas.
Los dirigentes de las asociaciones de mejilloneros Opmega, Socomgal, Amegrove, Cons de Udra, Illa de Arousa, Cabo de Cruz y Federación Arousa Norte comparecieron este jueves en rueda de prensa para denunciar un incremento que consideran ''desproporcionado'', ya que después de que treinta años sin actualizarse, la Consellería de Facenda pretende situar en 3.180 euros el importe que deberán abonar para renovar sus concesiones por un periodo de diez años.
A este respecto, el presidente de la asociación Cons de Udra, Amador Mallo, ha indicado que los bateeiros están de acuerdo en que estas tasas ''tienen que ser revisadas'', pero ha reclamado que el incremento ''sea acorde con la situación que atravesamos''.
''No creo que haya un precedente de una subida tan grande en ningún sitio'', ha añadido Mallo, quien también ha apuntado que en la jornada del miércoles mantuvieron una reunión con las conselleiras de Facenda, Marta Fernández Currás, y Mar, Rosa Quintana, con el objeto de lograr un ''consenso'', que finalmente no alcanzaron.
REUNIÓN ''TENSA''
Mallo ha definido esta reunión como ''bastante tensa'' y ha reconocido que las posturas de Xunta y mejilloneros se acercaron ''muy poco'', al tiempo que explicó que el principal ''desacuerdo'' con respecto a las estimaciones de la Xunta es que ''ellos entienden que cada concesionario tiene que tener un barco para poder desarrollar su actividad'', cuando la ''situación'' es que ''por cada tres bateas hay un barco''.
En esta línea, el presidente de Cons de Udra ha explicado que en la actualidad existen 3.300 bateas censadas en Galicia y 1.000 barcos censados en el Ministerio de Fomento, y ha asegurado que ''lo único a lo que se comprometieron'' los representantes del Gobierno gallego en la reunión de este miércoles fue a ''estudiar esa diferencia''.
Mallo también ha señalado que la voluntad de los productores es llegar a una ''situación intermedia'' que sea ''buena para todos'', pero también ha indicado que en caso de que no se alcance un acuerdo, emplearán todos los recursos que ''la ley'' les ''permita'' para defender su postura.
DIFICULTADES DEL SECTOR
Respecto de la subida de este impuesto, el presidente de Opmega, José Ignacio Alonso, ha añadido que el sector mejillonero está atravesando unos ''momentos muy complicados'' debido a ''ocho años de caída libre de precios'', o por los ''periodos prolongados de toxinas'' recientemente vividos que han provocado ''pérdidas de producción muy importantes''.
A estas cuestiones se le añade un contexto de ''crisis general'' que ha derivado en un volumen de impagos ''muy importante'' para estos productores, que han situado en 15 millones de euros la deuda de ''difícil pago'' actualmente existente.
Además la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto recientemente a varias de estas organizaciones una serie de sanciones, por un valor total próximo a los 1,8 millones de euros, al entenderlos responsables de una conducta consistente en la fijación de precios de venta, el reparto de la producción y el establecimiento de condiciones comerciales comunes.
Alonso ha indicado que ''el sector está muy disgustado'' con estas sanciones, ya que entienden que son ''injustas y desproporcionadas''. Asimismo, ha indicado que la intención de los productores es recurrir esta decisión del CNC, pero esto será ''complicado'', puesto que para hacerlo ''hay que avalar estas cantidades'', ha añadido.
En relación a esto, el presidente de la Federación Arousa Norte, Alejandro Tubío, ha calificado de ''absurdo'' que ''acusen a 2.000 autónomos de montar un monopolio'' cuando ''a todas luces llevamos años trabajando por debajo de costes, debido a una caída descomunal de los precios''.
Por otra parte, Mallo ha añadido que las actuaciones llevadas a cabo por los productores en el periodo objeto de sanción se habían realizado entendiendo que contaban con una ''cobertura legal'' por parte de la Administración, que finalmente ''desapareció'', ha lamentado.
