Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, autores de la querella que dio lugar a la causa en la que se investiga al juez Baltasar Garzón por el patrocinio de sus cursos en la Universidad de Nueva York, han pedido hoy una multa de 27.000 euros para él por un delito continuado de cohecho impropio.
En el escrito de acusación presentado este lunes en el Tribunal Supremo, los letrados solicitan alternativamente una pena de hasta cinco años de prisión y quince de inhabilitación en caso de que el hecho de haber recibido fondos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, CEPSA y Endesa fuera considerado constitutivo de los delitos de cohecho propio y prevaricación.
Una segunda alternativa es la de calificar los hechos como un delito continuado de extorsión, por el que solicitan cuatro años de prisión. Por último, los querellantes dicen que, en caso de estimarse que Garzón y miembros de la Universidad de Nueva York crearon una estructura de recaudación ilícita de fondos de empresas españolas, el juez debería ser condenado dos años de prisión y doce de inhabilitación por un delito de asociación ilícita.
Para justificar todas estas alternativas, Mazón y Panea sostienen que el Banco Santander patrocinó los cursos de Garzón porque sus directivos estaban "sensibilizados" por la investigación que éste había desarrollado sobre el dinero negro de la familia del dictador chileno Augusto Pinochet, depositado entre otras en cuentas de esta entidad que se habían ocultado al juez.
Para justificar el ascendiente de Garzón sobre Telefónica, los querellantes citan el caso Sintel, que se instruyó en otro Juzgado, pero en el que el imputado adoptó algunas decisiones como juez suplente.
Además, los querellantes califican como "instrumento de extorsión" una carta con el membrete oficial de Garzón y enviada desde Madrid recordando a Endesa el pago pendiente de cien mil dólares.
