Los siete ediles del PP de Santiago que fueron condenados por prevaricación han renunciado hoy a sus cargos, y lo han hecho por "imperativo legal", ya que la reciente doctrina de la Junta Electoral Central impide que puedan seguir en sus cargos.
Cinco de los siete ediles condenados por haber decidido en Junta de Gobierno sufragar con fondos públicos la defensa de un compañero imputado en la operación Pokemon, que investiga un caso de corrupción en contratas públicas, comparecieron hoy para explicar su postura en torno a este caso, después de que ayer acordasen dimitir tras una reunión de más de dos horas en la sede del PP.
La hasta el momento portavoz del Gobierno local, María Pardo, leyó un escrito en el que los siete ediles reiteran su disconformidad con el fallo que les condena a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
"Tenemos la plena convicción moral de que la Junta de Gobierno actuó en todo momento en derecho, respetando la ley" por lo que acordaron la interposición "inmediata" de un recurso ante la Audiencia Provincial, con la confianza de que sea reconocida su "plena inocencia", señaló Pardo.
Pese a ello, informó de que la doctrina de la Junta Electoral Central ha declarado que el nuevo supuesto de ineligibilidad de la Ley Orgánica de Régimen Electoral relativo a condenados por sentencia no firme debe aplicarse a los delitos por los que fueron condenados.
"Por ello, dada la incompatibilidad sobrevenida", los siete ediles decidieron renunciar.
