Los funcionarios de la Diputación de Lugo investigados en la denominada operación Pulpo, sobre una presunta corrupción, comparecieron este jueves en el Juzgado de Lugo para aclarar un supuesto entramado para "manipular concursos", otorgar de forma "fraudulenta" subvenciones y "desviación de caudales públicos", informaron fuentes judiciales.
Entre las personas citadas a declarar figuraban varios cargos de la Diputación que confirmaron a Efe su intención de responder a las preguntas de la jueza instructora, Pilar de Lara.
El exsecretario general de los socialistas gallegos y expresidente de la Diputación José Ramón Gómez Besteiro y otros cargos de esa institución acudieron ayer al Juzgado y se acogiesen a su derecho a no declarar.
El primero en acudir hoy al Juzgado fue el vicesecretario de la Diputación Provincial, José Antonio M.C, que figura como investigado por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada.
En su caso, la condición de investigado hace referencia al tiempo en el que ejerció como secretario general de la institución durante el mandato de Gómez Besteiro, aunque en la actualidad regresó a su plaza como vicesecretario de la Diputación después de renunciar a la Secretaría general del Ayuntamiento de Lugo precisamente a causa de su implicación en la operación Pulpo.
Posteriormente acudió la interventora de la Diputación, Rosa A.F., quien aseguró a los medios de comunicación, antes de su declaración, que se encontraba "tranquila". Ésta figura como acusada de tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos.
El tercer funcionario citado a declarar es un antiguo asesor de fondos europeos de la Presidencia con Gómez Besteiro, José Enrique R.C, acusado de por tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos.
CRÍTICAS A DE LARA. La declaración de estos funcionarios es diferente en cuanto a su contenido a la que se espera de los representantes políticos o de los cargos de confianza, dado que son personas con conocimientos técnicos sobre las contrataciones, las subvenciones, sobre los fracciones o el pago en caja única, indicó una abogada defensora de Gómez Besteiro, Esperanza Ferreiro.
En ese sentido, Ferreiro opinó que tienen "un respaldo jurídico y legal sobre cada una de sus actuaciones" en la institución provincial, "como quedó ya reflejado en las declaraciones" que hicieron previamente ante la jueza instructora como testigos.
Ferreiro indicó que cuando esos mismos funcionarios prestaron declaración en la causa como testigos no advirtieron ninguna irregularidad. Por otra parte, calificó de "curioso" el comportamiento de la instructora, porque si cuando les estaba tomando declaración como testigos hubiese apreciado "algún indicio sobre la posible comisión de un delito" por su parte, debería haber "parado en ese momento la declaración".
La letrada opinó que la juez debería "haber parado en ese momento la declaración como testigo y tomarle declaración como investigado, con todas las garantías, y no se hizo", y apostilló:"No encontramos en la causa ese giro que hizo ahora".
