Decenas de vecinos de Becerreá, entre doscientas y trescientas personas, según cálculos del alcalde de la localidad, el socialista Manuel Martínez, han vuelto a concentrarse a primera hora de la mañana para impedir el derribo de una casa en el lugar de Lamas sobre la que pesa una orden de demolición dictada por la APLU.
Por tercer día consecutivo, los vecinos de la localidad han bloqueado con tractores y coches particulares la carretera de acceso a la parcela en la que está ubicada esa vivienda unifamiliar y un camión que iba a ser utilizado para limpiar las cunetas de las carreteras de esa zona del municipio, protege la entrada a la finca.
En todo caso, el regidor local aclaró a EFE que, al menos de momento, no se han presentado en las inmediaciones agentes de la Policía Autonómica, como había sucedido en los dos últimos días, por lo que "todo está tranquilo".
Martínez confirmó que "toda la sociedad civil" del municipio está representada en Lamas, "desde asociaciones culturales y vecinales hasta un sacerdote", e incluso "una parte del comercio local" cerró hoy sus puertas a primera hora de la mañana como muestra de solidaridad hacia la familia afectada por la orden de derribo.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el municipio de Becerreá, Antonio González Madarro, confirmó a EFE que está dispuesto a presentar su dimisión si finalmente esa orden de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística se hace efectiva y la casa es derribada.
Aunque reconoció que el ritmo de tramitación por parte del gobierno local del plan general del municipio, que podía legalizar la situación de la vivienda, "es de absoluta vergüenza", sostiene que la orden de demolición "podía haberse retrasado un poco más", porque "por lo poco que falta, no se puede tirar una casa".
En ese sentido, aunque dijo que entiende las razones argumentadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, dijo que no las comparte. "Tengo que apoyar a los vecinos, a mi gente", concluyó.
