Los vecinos del edificio Pintos, en Loureiro, se aferrarán a un cambio legislativo que entra en vigor este jueves para tratar de evitar su desalojo y la demolición de parte del inmueble antes de ser indemnizados por el Concello, que es la Administración condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. "La modificación introducida en el artículo 108 da la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, publicada el pasado 22 de julio en el BOE, entra en vigor hoy (por el jueves) y esperamos que suponga un punto de inflexión en las posturas divergentes con el Concello de Bueu con respecto a las indemnizaciones que los afectados debemos recibir por ley antes de ser desalojados y demoler el edificio", explica la comunidad de propietarios.
Los vecinos del inmueble esperan que el alcalde "cambie su discurso, en el que hasta ahora indicaba que el Concello respondería a cualquier responsabilidad que le correspondiera, y cumpla con la ley". De esta forma, los afectados aguardan que "una de las dos reclamaciones que venimos planteando se vea satisfecha, ya que confiamos en que el Concello no demore más tiempo el tema de las indemnizaciones a las que, tal como fija la nueva ley, tenemos derecho".
"Esperamos que el alcalde cambie su discurso, tenga en cuenta la nueva normativa y rectifique sus resoluciones", afirman
El colectivo considera que el cambio legislativo es importante, "ya que las declaraciones de los responsables municipales hasta ahora iban en la línea de que una vez desalojadas las viviendas y demolido el edificio los vecinos deberían iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Concello, mientras que con la nueva norma la indemnización tendrá que realizarse antes".
En este sentido, cree que "esta norma debería llevar al Concello de Bueu a revisar de oficio sus actos y dejar sin efecto la orden de desalojo del edificio Pintos, porque no están fijadas ni garantizadas las indemnizaciones que a sus propietarios les corresponde con carácter previo a la demolición".
Los vecinos recuerdan que el cambio normativo indicado es consecuencia de las iniciativas que colectivos de afectados, como la Asociación de Maltratados por la Administración y las directrices que desde la UE. "Con la reforma se pretende acabar con situaciones similares a las que estamos sufriendo, donde una administración es condenada a reponer la legalidad urbanística y esa reposición afecta a compradores que actuaron de buena fe, con todas las garantías legales, ante notario y registrador de la propiedad, y que ahora se ven afectados por el cumplimiento de la sentencia, haciendo que deban ser indemnizados como condición previa a la demolición".
