Louzán respalda al alcalde de Portas tras pedir su dimisión el BNG

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, respaldó hoy al alcalde de Portas, el también 'popular' Roberto Vázquez, frente a la petición de dimisión formulada por el BNG, y alegó que su sentencia "no es firme".

El regidor ha sido condenado por el Juzgado Número 2 de lo Penal de Pontevedra a un año de suspensión de empleo o cargo público y multa de 3.600 euros por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios al utilizar dos de sus empresas familiares como intermediarias para realizar contratos públicos.

"Es una sentencia provisional, no es una sentencia firme", avisó el mandatario popular, frente a las críticas de los nacionalistas que le acusan de "amparar la corrupción" al permitir que el alcalde de Portas siga en su cargo. "Que se miren el ombligo y no hagan ningún tipo de demagogia", aconsejó.

"La dimisión es un acto personalísimo que nadie puede imponer", dijo Rafael Louzán, para añadir, al tiempo, que "no fue una actuación interesada sino que el alcalde trató de resolver un problema". Acto seguido, pidió al Bloque "que hablen también de sus casos y de aquellos que tienen donde cohabitan y están coaligados donde tienen casos similares o incluso con peticiones de pena mayores que la del alcalde de Portas".

El portavoz nacionalista Jorge García pidió la intervención del presidente provincial del PP si Vázquez no se va voluntariamente recordándole que "con el caso Gürtel o Camps el PP no se cansa de decir todos los días que no ampara a los corruptos". "Sin embargo Roberto Vázquez se aprovechó de su cargo para ganar dinero a costa de los vecinos de Portas", contrapuso y concluyó que "eso es corrupción".

"MANZANA PODRIDA"

"¿Hasta cuándo van a seguir tapándose la nariz sin apartar a esta manzana podrida", se preguntó, y alertó de que, en el supuesto de que la Audiencia Provincial confirmase los términos de la sentencia, Vázquez podría quedar apartado de la candidatura del PP para las próximas elecciones municipales, tras 18 años en la alcaldía.

El alcalde tiene además pendiente otro juicio por delito fiscal que podría conllevar de tres a seis años de inhabilitación especial y pena de uno a cuatro años de cárcel así como una multa cercana a un millón de euros.

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