MARÍN. La expulsión de la flota gallega del caladero de Mauritania, ratificada esta misma semana por la Unión Europea, ha supuesto el varapalo definitivo para los tripulantes que faenaban en esas aguas.
La desazón se siente entre marineros y armadores, que se confiesan defraudados por la clase política y que entienden esta medida como un paso más para el desmantelamiento que desde hace años viene sufriendo la actividad pesquera en Galicia.
Los tripulantes no dudan al señalar que las administraciones dan la espalda a la flota y se lamentan porque, poco a poco, por la falta de iniciativas y de apoyos, se deja morir a este pilar básico de la economía gallega, seña además indiscutible de la identidad de este pueblo.
Los afectados creen que de poco ha servido la larga espera de 14 meses amarrados y las múltiples movilizaciones emprendidas durante este tiempo, con desplazamientos a Bruselas incluidos, para que el Gobierno español se implicase con contundencia en su reivindicación y lograse soluciones. Ahora, tras el amargo acuerdo que los deja fuera del caladero, armadores y tripulantes se ven obligados a mirar hacia adelante, hacia otros mares, para seguir asegurándose el sustento.
Pero el panorama no se presenta fácil, de los 24 barcos que pescaban en la zona, media docena han sido ya desguazados, otros podrían seguir el mismo camino y uno fue vendido a Irán. El resto busca alternativas y algunos ya han comenzado a reciclarse para aventurarse en otras aguas. Tres han partido hacia Guinea Conakry, otro a Montevideo y otros dos navegarán en los próximos días rumbo hacia este mismo punto y Malvinas. Pero el cambio no solo supone el desplazamiento a otros destinos o la adaptación a nuevos climas y entornos, sino que también conlleva la necesidad de realizar modificaciones técnicas en gran parte de la flota, con su consecuente desembolso económico. «No sabemos lo que va a ocurrir, esto puede ser la ruina», resume un conocido armador marinense.
