Cualquier agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está autorizado a denunciar la existencia de una obra que suponga un peligro para la integridad de las personas. Y los pozos abandonados o carentes de seguridad lo son.
Sin embargo, la competencia directa de la tramitación de estos expedientes recae, principalmente, en la Policía Autonómica y, en segundo lugar, en la Guardia Civil (a través del Seprona) y en las respectivas policías municipales. De hecho, si un funcionario de estas unidades localiza una captación sospechosa, está obligado a intentar localizar al propietario para requerirle la documentación que acredite su legalidad y, en caso de no poseerla, redactar la consiguiente propuesta de sanción por "riego ilegal de cultivos o uso de agua de riego sin concesión administrativa".
Unas multas que, según recoge la vigente Ley de Aguas, oscilan entre los 6.000 y los 300.000 euros de máximo, en función de la cantidad de agua extraída de forma ilegal y de la gravedad de la acción.
Sin embargo, las fuentes policiales consultadas reconocieron este jueves que, en la práctica, estas sanciones son escasas, debido a la falta de personal para realizar controles exhaustivos sobre los incontables pozos repartidos por el rural. "Normalmente se detectan las irregularidades después de habernos desplazado a la propiedad con motivo de una intervención distinta. Vamos, casi de casualidad", subrayan.
