Apenas unos meses después de conocer su primera condena penal (por evadir impuestos desviando fondos a varios paraísos fiscales), Nené Barral acaba de saber los detalles de la acusación que le sentará en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por el delito que le obligó a ceder el bastón de mando en Ribadumia: el liderazgo de una organización criminal internacional con intereses en una decena de países dedicada a la introducción de cantidades de tabaco descomunales a través de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Eso es, al menos, lo que sostiene el Ministerio Público, que solicita una condena de diez años y medio de prisión para el exlíder popular por los delitos de asociación ilícita, contrabando de tabaco y cohecho.
Barral dirigía, según el fiscal, una red "estable, con proyección internacional (tenía en nómina, además de a gallegos, a personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca), con la finalidad de procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea importantes cantidades de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vías marítima, terrestre y a través de contenedor".
El relato de la acusación asegura que la red de Nené contaba con todos los medios necesarios para ello, entre los que destacaban dos pesqueros y un buque mercante.
El juicio, que se celebrará en la Audiencia de Pontevedra, procede de unas pesquisas iniciadas en 1997 tras las que Barral tuvo que dimitir
El brazo derecho del exalcalde era su hermano, F.B.M., que "ejercía funciones de enlace" entre el jefe y otros de los implicados. El responsable de la infraestructura marítima era, según la acusación, J.C.G., que supervisaba los transportes con el apoyo de A.N.S., un funcionario de Aduanas que revelaba información de las autoridades "para garantizar la impunidad". El también investigado J.M.A. era el capitán de los buques, mientras que J.F.P. se encargaba de la infraestructura terrestre.
Otros dos agentes del SVA, J.M.I.C. y P.V.L., en su condición de observadores aéreos, también estaban en nómina de la red de Barral, lo mismo que J.B.G,, agente de la Guardia Civil.
El relato de hechos que presentará a juicio el fiscal del caso, Antonio Touriño, desgrana varias operaciones de contrabando de tabaco llevadas a cabo por la red de José Ramón Barral, en las que detalla las cantidades y el valor de la mercancía y los diferentes puertos que atravesó la carga hasta llegar al destino, así como las numerosas filtraciones de información reservada relacionada con los servicios de vigilancia que recibía a través de sus soplones de Aduanas y del Instituto Armado.
El fin de las actividades del grupo se produjo en 2001, con la caída de medio millón de cajetillas de tabaco procedentes de Emiratos Árabes en el puerto de Vigo. La mercancía, que hizo escala en Algeciras, fue enviada con el apoyo de un individuo árabe, un croata y un lituano. La idea era que los paquetes, de marca Magnum Special, fuesen trasladados después a Inglaterra, destino final del alijo, a donde llegarían por tierra desde la provincia de Pontevedra.
El exalcalde de Ribadumia se enfrenta, además de a la cárcel, a multas que suman 15.324.000 euros, y el resto de encausados se exponen a posibles condenas de entre dos y seis años y medio.
Todo ello se verá afectado por la circunstancia atenuante de las dilaciones indebidas, pues los hechos ocurrieron hace 20 años, un tiempo desorbitado para sacar adelante el juicio.
