La bola de nieve generada por el rescate de Bankia sigue creciendo y con ella, paralelamente, el malestar social. Hoy el Partido Popular ha frenado de nuevo en el Congreso la posibilidad de que una comisión investigue lo sucedido con la entidad, un factor que los socialistas consideran fundamental para dar su apoyo al plan de reflote del banco. Mientras la gestión de sus dirigentes está más que en entredicho, hoy conocemos un dato que seguro empeorará la percepción ciudadana sobre el escándalo: el director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, podrá recibir una indemnización total de casi 14 millones de euros cuando abandone la entidad, según ha informado BFA-Bankia.
Por si fuera poco, también se ha visto hoy paralizada la posibilidad de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, explique ante la Cámara su gestión al frente de la institución y qué papel jugó en la fusión de las cajas de las que nació Bankia. Recordemos que fue el Gobierno, por boca del ministro De Guindos, el que insinuó que MAFO es el responsable de la actual situación de Bankia. Pese a ello, ahora que Fernández Ordóñez se ofrece a comparecer, el Grupo Popular se muestra reticente. Alfonso Alonso explicaba esta mañana que el Ejecutivo considera ''contraproducente'' la solicitada declaración del Gobernador del Banco de España porque sólo serviría para acrecentar la "confrontación política". Sin embargo, ha explicado tras la Junta de Portavoces del Congreso, que el PP sí apoya que el subgobernador y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aritzegui, acuda a la Cámara Baja para informar a los grupos parlamentarios del rescate de la entidad.
INVESTIGAN LA GESTIÓN DE MAFO Y RATO
Por otra parte, un juzgado de Madrid ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de admitir a trámite una demanda contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión. Esta petición forma parte de las diligencias previas solicitadas por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, como respuesta a una demanda presentada por el colectivo Manos Limpias que está pendiente de ser admitida a trámite.
La Fiscalía tendrá ahora que decidir si los hechos presentados por el demandante "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", lo que determinará la admisión a trámite del caso. La demanda considera que el gobernador del Banco de España podría haber cometido un delito de imprudencia grave por mala supervisión de entidades financieras, mientras que acusa a los responsables de las cajas intervenidas de delito societario y falsedad en documento mercantil.
