SANXENXO. Catalina González se mantiene firme a la hora de defender su inocencia. La alcaldesa volvió a desmarcarse ayer de los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias por los que está imputada en la investigación iniciada a principios de 2012 por el Juzgado de Cambados.
Durante casi cuatro horas, la regidora ‘popular’ mantuvo un duro y tenso debate con los tres grupos de la oposición, en un Pleno extraordinario que, a pesar de su inusual hora de celebración (comenzó a las nueve de la mañana), reunió en el Ayuntamiento a numerosos vecinos, deseosos de escuchar la versión de González sobre lo que SAL, PSOE y BNG demoninan «unha trama urbanística sen precedentes». Tal y como se preveía, la sesión, convocada a instancias de la oposición, estuvo marcada por las incesantes críticas realizadas por independientes, socialistas y nacionalistas hacia la gestión realizada por la alcaldesa en materia de urbanismo desde su llegada al Concello.
Por su parte, las intervenciones de la regidora apenas arrojaron nuevos datos sobre la polémica investigación. A pesar de que el grueso del orden del día se basaba en peticiones destinadas a conocer el listado completo de todos los técnicos municipales imputados, así como la totalidad de los expedientes requeridos por el juez y las posibles causas que relacionan a González con los presuntos delitos imputados, sus respuestas no resultaron convincentes para la oposición. La líder del Partido Popular de Sanxenxo reconoció que los presuntos delitos que se le imputan están vinculados con los expedientes de los chalés construidos en las inmediaciones del cementerio de Dorrón, que son obra de la empresa Ferro Mesego; con la licencia otorgada al edificio de la calle Progreso que carece de salida directa a la vía pública, construido por Balboa y Chan, y la edificación de tres viviendas unifamiliares en Bascuas (Caneleiro Inversión SL).
A pesar de la insistencia de los portavoces de Sal y BNG, Gonzalo Pita y David Otero, la alcaldesa no profundizó más en el tema y aseguró desconocer las razones por las que el juez requirió de su comparecencia ante la Justicia a finales de noviembre. «Non sei en que se baseou para imputarme. Ningunha das miñas firmas nos expedientes contradeciu ningún informe técnico», subrayó, además de romper una lanza en favor de los empleados del Concello que también están imputados. «Todos consideraron que os informes que realizaron eran correctos», insistió. La única mención directa que hizo González hacia el resto de personas presuntamente implicadas en estos supuestos delitos fue hacia el arquitecto municipal, Rafael Vázquez, a quien reconoció haber contratado en su día como gerente de Urbanismo «porque era o maior experto do Concello nesta área».
No habrá ceses
La regidora sanxenxina también descartó la posibilidad de cesar a los empleados imputados mientras no concluyan las pesquisas judiciales, tal y como solicitaron los grupos de la oposición. «Non existen razóns para facer algo así. Iso si que sería prevaricar». Mucho más contundente se mostró la concelleira de Urbanismo, María Deza, que fue muy crítica con el hecho de que tanto Gonzalo Pita como el ayer portavoz del PSOE, José Buezas, dejasen entrever que existen más expedientes susceptibles de ser investigados. «Es increíble que hagan referencia a posibles irregularidades y se queden tan tranquilos. De ser eso cierto, ustedes están incubriendo una ilegalidad», indicó, a la vez que señaló que, a la hora de mantener a los imputados en sus cargos, «estamos respetando la presunción de inocencia. No es lo mismo una imputación que estar acusado de algo, una diferencia que ustedes (en referencia a la oposición) parecen obviar».
Clan de A Salgueira
El Pleno tuvo momentos de gran tensión. Especialmente duros resultaron los intercambios de reproches entre la propia González y Pita. «Vostede ameazou a varias persoas que exerceron o seu dereito a acudir ao xulgado e relaciónaos con nós, cando non temos nada que ver. Estalle a faltar ao respecto aos 1.600 votantes de SAL e tamén a min», censuró.
Pero la regidora no se echó atrás. «Sei que son inocente e teño a miña teoría sobre as denuncias. O que se pretende é manchar a imaxe desta alcaldesa, non vaia ser que volva gañar en 2015”. Con respecto al Clan de A Salgueira, González matizó que este término «non ten nada que ver cos veciños dese lugar. Eu non teño culpa de que a maioría dos denunciantes sexan da mesma familia e vivan na Salgueira. Se quere coñecer as razóns das denuncias debería preguntar a esa xente, que vostede coñece ben». El debate entre ambos subió de tono en varias ocasiones, lo que llevó a la regidora a llamar al orden al líder de SAL, después de que éste tildase a González de «sinvergüenza» y que se refiriese a ella en varias ocasiones como «señora imputada».
También intervino David Otero, que no dudó en afirmar que «ese clan naceu das súas desavenencias con Paz Lago e Ángel Casal na elaboración do contrato da recollida de lixo». Este comentario molestó sobremanera a Catalina González, que acusó al portavoz del BNG de «querer enmerdar a xestión deste Goberno local».
PP y VIPS descartan
auditar la Xerencia
El bipartito se opuso a la propuesta de contratar una auditoría externa sobre la gestión de la Xerencia de Urbanismo. María Deza tildó de «incongruente» esta solicitud, debido a la gran cantidad de resoluciones firmadas desde su puesta en marcha en 2004. «Lo ideal sería que la oposición especificase los casos concretos que quiere investigar. De lo contrario, es una petición desorbitada».
Propuesta «vergoñenta»
Catalina González aseguró que «a proposta é vergoñenta. Queren que unha auditoría faga o labor que o grupo de Goberno xa fai, pero que vostedes non asumen».
La alcaldesa cerró el Pleno señalando que la oposición «parece que só vai á Xerencia para abrigarse da choiva».
