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Junqueras y los exconsellers podrían afrontar penas de hasta 50 años

►RIESGO DE FUGA. La juez sostiene que "su poder adquisitivo" y el hecho de que otros querellados estén en "otros países" elevan la posibilidad de huida ►REITERACIÓN DELICTIVA. Lamela señala que su acción fue organizada y que durante más de dos años incumplieron "sistemáticamente" las resoluciones del TC ►INSURRECCIÓN PÚBLICA. "Se valieron de la población alentando actos de desobediencia contra la autoridad legítima"

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este jueves, tal y como le había solicitado la Fiscalía, el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consejeros cesados que han acudido junto a él a la Audiencia Nacional. El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat y posible candidato de PedCAT en las elecciones del 21 de diciembre, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros, han señalado fuentes jurídicas. De momento, entra en prisión por solidaridad y este viernes pagará su fianza.

Santi Vila ingresará en prisión por solidaridad y este viernes pagará su fianza

Además de Junqueras van a prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila (Empresa), este último, como decíamos, hasta que deposite la fianza. La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo de fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".

Las penas a las que se enfrentan podrían llegar a sumar hasta 50 años de prisión: hasta 25 por un delito de rebelión, otros 15 por sedición, a los que podrían sumarse otros ocho por malversación de caudales públicos y dos más si se confirma la existencia de una falsedad contable, según recoge La Vanguardia.

Lamela elude a la huida de Puigdemont para señalar el riesgo de fuga

Alude Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsellers a Bélgica para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto. "En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", destaca el auto.

También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña.

 "Se valieron de la población alentando actos de insurrección pública"


Lamela ha asumido de esta forma las peticiones que hizo la Fiscalía en este sentido durante la vistilla celebrada para la adopción de medidas cautelares tras tomar declaración a lo largo de la mañana a estos 9 investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.

"ACCIÓN MEDITADA Y PERFECTAMENTE PREPARADA". El auto de prisión añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre "fue meditada y perfectamente preparada y organizada" y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional "en pro de la independencia".

En este punto se refiere a Turull y Forn -que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017- y apunta que "no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista" han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad".

ANC Y ÒMNIUM, "BRAZO CIVIL DEL LEVANTAMIENTO".  Además, la magistrada añade que los investigados vienen operando "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas" apoyados por asociaciones soberanistas "con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia" y que actúan como "brazo civil del levantamiento". Algunos de ellos recuerda, pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, "que ha jugado un papel decisivo en el proceso". Por su implicación en estos hechos se encuentran en prisión por orden de esta misma juez Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las dos asociaciones.

Por otro lado, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta que todas las actividades investigadas "se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" con excepción de los dos consejeros antes mencionados.

BORRÀS RECAUDÓ DINERO PARA EL REFERÉNDUM. Al igual que expuso cuando admitió a trámite la querella de la Fiscalía, Lamela recuerda la existencia de un documento denominado EnfoCATs que establecía una hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña así como el papel que debería jugar los actores en el mismo.

Respecto a Rull dice que puso de manifiesto el "rechazo institucional" al contingente policial desplazado a Cataluña. De Bassa expone que efectuó un comunicado desde el Departamento de Trabajo que dirigía alentando a la convocatoria de huelga del pasado mes de octubre, mientras que de Borràs dice que adoptó "medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum"; de ahí el delito de malversación.

ALENTARON LA INSURRECCIÓN PÚBLICA. También alude que en ejecución de dicho plan los investigados "se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando, al efecto, carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un "incesante acoso".

En este contexto la magistrada de la Audiencia Nacional apunta a la actuación del presidente de la Generalitat cesado quien, de cara a poder celebrar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, remitió una carta a los alcaldes de Cataluña pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la celebración del referéndum. Algunos ediles desatendieron la solicitud, lo que motivó que dos días después, y acompañado por Jordi Sànchez (ANC) hiciera un llamamiento al enfrentamiento contra estos.

Destacable también es, a juicio de Lamela, el llamamiento a la huelga general del pasado 3 de octubre "que nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales", sino que "todo era a favor del proceso independentista".

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