El secretario municipal del Ayuntamiento de Santiago apartado de su cargo para facilitar la ampliación del contrato con Aquagest que pretendían gobierno local y empresa merece un chabacano calificativo por parte del directivo José Luis Míguez, que veía problemas por el "puto" funcionario.
El sumario revela que este delegado no las tenía todas consigo con el interventor y el "puto secretario" al ser los que ponían "peros", los que "nos están parando todo lo que tenemos encauzado".
En la instrucción, se evidencia el interés por destituir a ambos de sus puestos, algo en lo que trabajan el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, que dejó el bastón de mando al ser condenado por fraude fiscal; su asesor, Ángel Espadas, y el propio José Luis Míguez, que está imputado, al igual que las otras dos personas.
En el caso de Espadas, se especifica que son "innumerables las llamadas" para encontrar personas que sean favorables y que firmen sin problema el informe de intervención y el de contratación que se precisa, "funcionarios afines que no pongan reparos" con la rúbrica.
La magistrada entiende que hay una "serie de estratagemas" hasta que se produce la destitución, y este es el motivo por el que aceptó que se persone en la causa el entonces secretario, al considerar que hubo un enredo para lograr el objetivo ansiado contando incluso con el "beneplácito" de la oposición, puesto que Aquagest contrató a la hija del edil socialista Bernardino Rama.
De Lara estima que el objetivo era conseguir un "aumento de ingresos de varias personas" dentro de una red en la que Aquagest llega a contratar a Ángel Espadas, cuando abandona el consistorio local, con el objetivo de que sea un "abrelatas", es decir, de utilizarlo para la obtención de contratos públicos.
