Dos operaciones judiciales contra la corrupción -"Pokemon" y "Patos"- sacuden a la clase política gallega a un año de las elecciones municipales y llevan la tensión a los ayuntamientos, donde los representantes del pueblo 'cuidan' sus llamadas, encuentros y los correos que envían.
La primera investigación, que atañe a empresarios, funcionarios, tres regidores en activo, cinco exalcaldes, concejales y exediles de los distintos partidos, principalmente del PP y PSOE, ha hecho tambalear con fuerza los cimientos de la administración que está más próxima al ciudadano, la local, y ha tocado la fibra sensible de algunos cargos públicos que ahora no hablan con la tranquilidad de antes.
Esta causa, que investiga la existencia de una trama para obtener contratos y concesiones públicas, y que tiene al Grupo Vendex en su epicentro, apila más de un centenar de tomos en los que hay cientos de pinchazos telefónicos con sus correspondientes transcripciones.
Quienes han visto sus conversaciones reproducidas y aireadas, incluso algunas sin importancia para el caso como opiniones acerca de sus compañeros, están instalados en la psicosis permanente y ante cada intento de conferencia por vía de un celular preguntan: "¿Con quién estoy hablando?, ¿nos conocemos? y ¿desde dónde me está usted llamando?".
El personal de confianza -jefes de gabinete, responsables de prensa y asesores- ha terminado por contagiarse de esta misma paranoia y los hay que han optado por eliminar de sus móviles la conocida aplicación de mensajería 'WhatsApp', aparte de no tratar asuntos complicados y que puedan tener cierto alcance por teléfono.
En el contacto directo, políticos y no políticos que dicen trabajar dentro de la legalidad "como la mayoría", llegan a confesar, no obstante, cierto temor ante las interceptaciones que se puedan ordenar, y en las conversaciones sale con asiduidad esa sensación de manía persecutoria, aunque normalmente, dentro de un contexto jocoso, en un intento de restar importancia al desasosiego.
En Santiago, está imputado el alcalde, Ángel Currás (PP); su jefe de gabinete, Francisco Castro, y los concejales Rebeca Domínguez y Adrián Varela. En Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG), que ha llegado a sugerir a la instructora Pilar de Lara que éste iba a ser su último mandato, un extremo que después no ha confirmado; y en O Carballiño (Ourense) ha sido señalado su primer edil, Argimiro Marnotes (PP).
Ellos mantienen el bastón de mando, pero este no es el caso del socialista Francisco Rodríguez, en Ourense, que dejó la Alcaldía y aunque lo suyo "ya no tiene arreglo" confía en que no se repita; de Adolfo Gacio (PP), que dimitió de su puesto en Boqueixón (A Coruña), y de Gerardo Conde Roa, en Compostela, que fue condenado por fraude fiscal.
En A Coruña, el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal, Julio Flores, ha contado a la magistrada que no se reconocía en las conversaciones que se le expusieron en el juzgado de Lugo. Él se ha visto implicado en la "Pikachu", la rama coruñesa de la Operación Pokemon.
Qué ocurrirá en los comicios locales de 2015 en los ayuntamientos gallegos, sobre todo en aquellos a los que ha llegado la lente de la Justicia, y quiénes serán los cabezas de lista, es hoy un enigma.
La operación "Patos", que indaga adjudicaciones a las empresas Cespa y Eiriña, ha devuelto a las primeras páginas a Santiago y a Ourense, y ha convulsionado los Ayuntamientos de Vigo, Pontevedra, Ponteareas y Nigrán.
En este último, ha sido detenido el concejal de Obras, José Álvarez Valverde.
Las agendas institucionales se han visto este miércoles rebajadas en varias de estas localidades, se supone que para evitar preguntas incómodas.
Los que presumen de dedicarse "honradamente" a la "cosa pública" piden responsabilidades y dimisiones, más allá del mensaje de total colaboración y respeto a la acción de la Justicia y a la presunción de inocencia.
Socialistas y populares no se atacan mutuamente y cada imputado vigila de cerca el paso que da el otro e, incluso, cómo se articula cada defensa.
