Poio apela al TC para legalizar los 28 chalés de la urbanización de Boavista

El Concello presentó un recurso de amparo, en el que recuerda que la sentencia del Supremo podría provocar "un grave prexuízo social"
Vista general de algunas viviendas situadas en Boavista
photo_camera Vista general de algunas viviendas situadas en Boavista

Los servicios jurídicos del Concello de Poio se han puesto manos a la obra para tratar de lograr la legalización de una urbanización situada en el lugar de Boavista, en el barrio de A Caeira, después de que el Tribunal Supremo emitiese a finales del año pasado una resolución en la que determina que existió un exceso de edificación.

Además de iniciar conversaciones con los propietarios de los inmuebles afectados por la sentencia del organismo judicial, el Gobierno municipal ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Así lo confirmó este miércoles el alcalde poiense, Luciano Sobral, que entiende que la decisión del Supremo "podería provocar un grave prexuízo desde o punto de vista social", en referencia a la posibilidad de que los vecinos de esta urbanización se queden sin estos inmuebles. La construcción de los 28 chalés se llevó a cabo hace 15 años. Se trata de viviendas unifamiliares articuladas con un vial de acceso, que discurre ante la fachada de las mismas. En aquel entonces, el Ayuntamiento tramitió una licencia única para levantar todas estas edificaciones. La actuación corrió a cargo de la firma especializada Promociones Lanzamar.

El regidor nacionalista se muestra moderadamente optimista a la hora de valorar las posibilidades de que el Constitucional dé la razón al Concello. "Estamos a falar dunha urbanización moi consolidada", indicó. Si bien Sobral reconoce el exceso al que hace mención la sentencia, puntualiza que "as vivendas non afectan a ningún espazo protexido".

ARGUMENTOS. Los 28 chalés de Boavista están distribuidos en torno a un vial que, en el momento de la construcción, se consideró privado. No obstante, los magistrados entienden que el camino debe ser considerado como público, lo que provoca que el cómputo global de edificabilidad en proporción a los metros cuadrados que ocupa la parcela sobre la que se desarrolló la urbanización quede alterado.

El Gobierno local confía en que esta polémica se solucione sin necesidad de que la piqueta tenga que hacer acto de presencia en la urbanización situada en la parroquia de San Salvador. "O arquitecto municipal xa mantivo varias reunións cos avogados dos veciños afectados para tratar de buscar unha saída a este problema", aseveró el alcalde nacionalista.

El recurso de amparo fue presentado ante el Constitucional hace apenas dos semanas.

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