PONTEVEDRA. La guerra abierta por un frente de funerarias pontevedresas contra el Concello por la construcción de crematorios en Pontevedra dio ayer un salto cualitativo. Pompas Fúnebres contrató a un detective para grabar una reunión que esta empresa y su socia, Alianza y Barros, mantuvieron el año pasado con responsables de Urbanismo del Concello. El encuentro, celebrado el 28 de noviembre de 2012, tenía como objetivo analizar la viabilidad del proyecto que ambas firmas promueven para abrir un horno incinerador en Arzobispo Malvar y valorar el impacto de la suspensión de licencias para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones que la Corporación municipal había decretado seis días antes en un Pleno. La iniciativa de Pompas Fúnebres y Alianza y Barros incumplía los requisitos de la normativa urbanística, que ayer mismo fue aprobada de forma provisional por BNG y PSOE con el voto en contra del PP.
A pesar de que el objeto de la reunión guardaba relación con un asunto de relevancia pública, los entrevistados, entre los que se encontraban el director xeral de Urbanismo, José Manuel Tato, y el concejal de este departamento, el socialista Antón Louro, desconocían que su conversación estaba siendo grabada. De hecho, el profesional fue presentado como abogado y no como detective privado.
La compañía funeraria usó el contenido de estos registros como pruebas documentales en los pleitos presentados contra la regulación promovida por el Concello para la construcción de crematorios. Una de ellas se incluyó en un recurso que, junto con Alianza y Barros, presentó el pasado mes de julio ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la suspensión de la concesión de licencias para hornos en Pontevedra. La otra se utilizó en una querella criminal que Pompas Fúnebres interpuso contra el concejal de Urbanismo, Antón Louro, al que acusaba de presunta prevaricación y que ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción.
La compañía mantiene la transcripción de esta conversación como parte del recurso presentado la semana pasada para que la Justicia acepte a trámite su demanda penal contra el edil del PSOE. Lo acusa de favorecer el proyecto de otra empresa, Funespaña, para construir un crematorio en San Amaro. Esta iniciativa sería la única que cumple con los requisitos establecidos por los técnicos del Concello en la nueva regulación.
Pompas Fúnebres sostiene que los responsables del Gobierno local avalaron en su día su plan para construir una incineradora en Arzobispo Malvar, en suelo urbano. Basan su argumentación en la transcripción de la reunión que a finales del año pasado mantuvieron con dirigentes de Urbanismo cuyo contenido se negaron a facilitar ayer a este periódico.
Fuentes cercanas a la firma dejaron entrever, además, que la grabación de aquel encuentro podría haberse perdido. Este hecho podría invalidar parte de los procesos judiciales abiertos contra la normativa. «Aunque es una práctica alegal, una grabación de este tipo debería ser inadmisible en un proceso penal», apunta un abogado consultado por Diario de Pontevedra.
El BNG lo desvela
La contratación de un detective, al parecer de Madrid, provocó ayer una gran indignación por parte del bipartito en el Pleno municipal. El más crítico fue el concejal de Infraestruturas, Cesáreo Mosquera, que fue además el que desveló lo acontecido. «Louro non o fai por discreción. Pero as funerarias non poden dicir que non houbera diálogo. Pedíronlle unha entrevista e viñeron cun espía disfrazado de avogado para gravarlle a conversación. Nunca sucedera tal cousa», manifestó el edil del BNG.
Al finalizar la sesión plenaria, el responsable municipal de Urbanismo, Antón Louro, se mostró sorprendido por las prácticas de Pompas Fúnebres en el conflicto por los crematorios. «Non era consciente de que me estiveran a gravar. Estou sorprendido. Na miña vida me ocorreu algo así. Lamento que haxa xente que faga este tipo de cousas. Con estas actuacións elas mesmas se retratan. Pero non me fagas falar máis. Nunca quixen que isto se soubera e non quero darlle máis trascendencia ó asunto», explicó.
La gerente de Pompas Fúnebres, Naír Fernández, justificó ayer el uso de la grabadora en la reunión mantenida con Louro y su equipo el año pasado, la única que han mantenido hasta el momento. «Este medio en concreto (el de la grabadora) era perfectamente legal y así lo utilizamos. Nunca nos hemos ocultado y efectivamente pensamos que las administraciones deben tener luz y taquígrafos en cualquiera de sus actuaciones», manifestó la empresaria, que la semana pasada reprochó la falta de comunicación del Concello a través de una entrevista concedida a Diario de Pontevedra en la que recriminaba a Antón Louro que le denegase un encuentro formal.
Tras la aprobación del Pleno, el Concello abrirá esta semana el período de alegaciones (de dos meses) para aprobar la nueva normativa sobre crematorios, que tendrá que ser ratificada aún por la Xunta.
Antón Louro Concejal de Urbanismo
Non era consciente de que me estiveran a gravar. Estou sorprendido. Na miña vida me ocorreu algo así»
Lamento que haxa xente que faga este tipo de cousas. Con estas actuacións elas mesmas se retratan»
El conflicto legal
El gerente de la funeraria pontevedresa supedita la decisión a las recomendaciones de sus asesores jurídicos
El gerente de Alianza y Barros, Fernando Gutiérrez, mantiene la puerta abierta a una posible querella criminal contra Antón Louro. El empresario, que estuvo presente en la reunión (grabada por un detective) que mantuvieron Pompas Fúnebres y responsables de Urbanismo del Concello a finales del año pasado, supeditó ayer la decisión a las recomendaciones de sus asesores jurídicos. «El hecho de que haya una empresa que haya dado los primeros pasos por la vía penal no quiere decir que el resto no estemos convencidos de que no está pasando lo mismo que manifiesta Pompas Fúnebres», dijo Gutiérrez en relación a la querella que su socia presentó contra el concejal Antón Louro por presunta prevaricación.
Alianza y Barros forma, junto con Pompas Fúnebres, Servicios Funerarios San Marcos y Albia, un frente común que estudia la posibilidad de construir un crematorio en San Amaro u otra localización para «luchar contra el monopolio» de Funespaña, que proyecta un horno en el mismo lugar.
