El Concello trabaja ya sobre un primer esbozo de los Presupuestos de 2018. El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, informó ayer de que las cuentas municipales se elevarán hasta los 74 millones de euros, casi un 1,5% más que las aprobadas para el presente ejercicio, que se situaron en algo más de 72,9 millones.
Una de las partidas más visibles de este documento tiene que ver con las inversiones, que alcanzarán los 12,8 millones de euros: el 17%. Su cuantía es ligeramente inferior a la aprobada anteriormente, unos cien mil euros menos.
El dinero incluido en este capítulo se utilizará para hacer obras y ejecutar nuevos proyectos. A él se sumarán unos 350.000 euros más, que el Ayuntamiento recibirá de manos de otras administraciones, como la estatal.
El Gobierno central aún no ha decidido qué va a hacer con su presupuesto, lo que dificulta que Pontevedra pueda calcular al milímetro sus cuentas para el año que viene. Pontevedra necesita saber cuánto le transferirá el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y qué porcentaje de subida salarial se aplicará a los funcionarios.
«Imos solucionar isto tirando pola vía do medio. Faremos o Orzamento cos mesmos ingresos que recibimos este ano do Estado e coa anunciada previsión de suba salarial do 1,5% para os empregados públicos», explicó González Carballo.
Las partidas que más subirán en las cuentas locales serán, precisamente, las del gasto corriente y las de personal. Tres de cada diez euros irán al pago de nóminas de una plantilla que este año se ha incrementado tras cerrarse varias oposiciones. En la actualidad, el Concello dispone de 513 empleados: 447 funcionarios, 48 empleados laborales, siete cargos de confianza, un asesor jurídico, cuatro directores generales (tres de ellos todavía sin nombrar) y uno más en el Tribunal Económico. A estos últimos se suman otras cinco personas del Pazo da Cultura, que es un organismo autónomo. En él solo un trabajador tiene la categoría de funcionario.
Los salarios de la plantilla consumirán 21,8 millones de euros, frente a los 21,3 millones anteriores. Este repunte se debe, según el edil de Facenda, a dos factores: la subida salarial del 1,5% y el pago de las antigüedades.
El gasto corriente y de personal es el que más sube. El Gobierno local prevé aumentar partidas para el servicio de ayuda a mayores
El pago de bienes y servicios, que corresponden a los gastos corrientes, será el que mayor subida experimente: al menos 620.000 euros más. González Carballo explicó que una parte de estas partidas se usará para pagar la actualización de los contratos en vigor y de los que están a punto de adjudicarse, como los relativos al Servizo de Axuda no Fogar, que presta asistencia a mayores y a personas con algún tipo de dependencia.
El denominado SAF ha cambiado tres veces de empresa en lo que va de mes tras la renuncia de la anterior adjudicataria, Clece, a una prórroga del servicio. El Concello acaba de licitar la nueva concesión por cuatro años y un presupuesto inicial que roza los ocho millones de euros.
El aspecto social también tendrá un importante hueco en el Presupuesto municipal. En él se consignará dinero para la renta social municipal, una ayuda para los vecinos en riesgo de exclusión social o que ya son pobres.
La promesa de esta paga fue uno de los acuerdos a los que el Gobierno local llegó con Marea para que la coalición de izquierdas facilitase la aprobación de las cuentas de 2017, cosa que hizo a través de una abstención en un Pleno muy polémico y que acabó en el juzgado a través de dos recursos del PP.
La renta social, para la que se consignaron 400.000 euros en una modificación de crédito al Presupuesto el pasado mes de abril, todavía no se ha aplicado. Falta la regulación que le dé la cobertura legal para hacerlo, motivo por el cual el Concello consultará a la Xunta sobre las competencias que tiene para hacerlo.
Aunque es previsible que el Gobierno gallego ponga reparos, Pontevedra podrá activar esta especie de subsidio a través de su ordenanza de Emerxencia Social. La intención de los nacionalistas es aprobar su modificación en la próxima sesión plenaria, en noviembre. En ella se introducirán cambios como la posibilidad de que los menores con hijos puedan recibir ayuda municipal y que la renta social pueda ejecutarse en 2018.
En busca del pacto. La renta social es una de las «pedras no camiño» que el BNG tendrá que mover para llegar a un nuevo pacto con Marea. Los nacionalistas no esconden que volverán a intentar buscar un acuerdo con la plataforma surgida del movimiento de los indignados. «As relacións coa Marea terán carácter preferencial porque amosou a súa predisposición a apoiar o Orzamento», afirmó González Carballo.
El Bloque confía en que se pueda reproducir la pinza presupuestaria con el equipo que lidera Luís Rei, con el que mantiene «comunicación máis ou menos permanente». «Vémonos e chamámonos», añadió.
El diálogo con Marea no cerrará las negociaciones al resto de partidos, con los que se prevén encuentros.
