El conflicto territorial entre Pontevedra y Poio resucita en Navidad. El deslinde propuesto por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) entre ambos municipios ha despertado varias dudas en el Concello capitalino. El Gobierno que dirige Miguel Anxo Fernández Lores quiere que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento aclare a qué localidad pertenece el puente de As Correntes y así se lo hará llegar al IGN.
Pontevedra sostiene que el informe sobre los nuevos límites fronterizos, que el instituto redactó el pasado 15 de noviembre y que sigue las tesis del primer amojonamiento que ambas corporaciones locales llevaron a cabo en 1889, "non se pronuncia" sobre la titularidad de los terrenos que dan al mar. Esto es, sobre los que se levanta el citado viaducto.
El concejal de Réxime Interior, Vicente García Legísima, defiende que el dictamen del IGN establece las fronteras hasta el puente del río Rons, próximo a orillamar, pero no concreta qué línea debe dividir ambos municipios en la desembocadura del Lérez. En ella se incluiría el puente de As Correntes, una infraestructura que se inauguró a mediados de 2012 y que costó más de siete millones de euros con inversiones del Ayuntamiento pontevedrés y de la Xunta, que aún adeuda una parte de la obra.
El Gobierno local se reunirá para decidir si presenta alegaciones al informe del Instituto Geográfico Nacional
La capital asume que Poio podría cobrarle el IBI por el Parque de Bombeiros, aunque recuerda que la parcela es suya desde los 60
A pesar de las dudas planteadas por el edil del BNG, el Gobierno local no tiene la intención —al menos a priori— de presentar reclamaciones a las conclusiones del informe redactado por el Instituto Geográfico Nacional. Aún así, el Ejecutivo nacionalista se reunirá este miércoles para decidir si finalmente opta por las alegaciones, que podrán formalizarse hasta jueves, una cuestión que sí se podría confirmar dado que la Ley podría obligar a Pontevedra a defender los lindes de 1936 y que dependerá de las recomendaciones que hagan los servicios jurídicos municipales.
Al igual que había manifestado con anterioridad el alcalde, el alcance del deslinde no parece preocupar al equipo que lidera Miguel Anxo Fernández Lores. El documento sitúa en Poio los terrenos sobre los que se levantan el Parque de Bombeiros de Pontevedra, la Comandancia de la Guardia Civil, la cementera situada al lado del Centro Comercial A Barca, una parte de A Xunqueira de Alba, un trecho de la autopista y un tramo de la avenida de Domingo Fontán, el más próximo al puente de As Correntes.
García Legísima reconoce que el municipio poiense puede cobrarle el impuesto del IBI a Pontevedra por las instalaciones del servicio de extinción de incendios, pero recuerda que la parcela es propiedad del Concello capitalino desde la década de 1960.
EL ENIL Y O CASTROVE. Otra de las dudas que existen sobre el informe del IGN tiene que ver con la titularidad de A Xunqueira de Alba. El concejal de Réxime Interior sostiene que debe ser la Xunta la que resuelva esta cuestión, ya que la resolución del organismo estatal plantea una sola lectura: la división de las 67 hectáreas que ocupa este Espazo Natural de Interese Local (Enil) y el mantenimiento compartido por parte de ambos municipios. Esto es, que tanto Poio como Pontevedra tendrían que correr con los gastos de conservación de la parte del Enil que les corresponda.
El deslinde de 1889 que apoya el Instituto Geográfico Nacional plantea además nuevos límites fronterizos entre Pontevedra y Meis en el Alto do Castrove. Ambos municipios "pasarían de tener un único punto en común a estar separados por una línea límite de unos 730 metros". Esta nueva distribución, que afectaría a monte raso, supondría la pérdida de terrenos comunales de Poio en favor de Pontevedra.
