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Puigdemont pide a la UE que medie y que se retiren los refuerzos de las Fuerzas de Seguridad

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont
Pese a la petición del president, el despliegue de las fuerzas de seguridad seguirá en Cataluña sin fecha ►Mantiene que el referéndum sin garantías fue "válido" para el Govern y que aplicará los resultados del mismo ►JxSí propondrá el miércoles la fecha del pleno sobre los efectos del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido establecer una "mediación internacional" para abordar el conflicto catalán y ha exigido la "retirada de todos los efectivos policiales" destinados estos días a Cataluña por el Estado para impedir la celebración del 1-O, suspendido por el TC. Tras una reunión extraordinaria del Govern convocada tras los hechos ocurridos este domingo en Cataluña, en la que se registraron 893 personas heridas por las cargas policiales según la Generalitat, Puigdemont ha denunciado los "graves actos de violencia" protagonizados por "comandos del miedo" de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados por todo el territorio de Cataluña.

El presidente de la Generalitat se ha referido específicamente al dispositivo del 1-O —no a los agentes instalados permanentemente en el territorio— y ha señalado: "No somos responsables del operativo policial que ha llenado de sangre este domingo". 

Puigdemont ha señalado que esta mediación internacional puede venir de distintos ámbitos especializados en la resolución de conflictos, aunque "es evidente que la Unión Europea debe apadrinar" este proceso, porque tiene que "dejar de mirar hacia otro lado" ante las "violaciones" de la carta europea de derechos fundamentales, porque ya no es sólo un asunto interno, sino un "asunto europeo".

Ha admitido en todo caso que la UE "formalmente no puede hacer la mediación pero si que la tiene que apadrinar", y ha asegurado que "no faltan candidatos" para liderarla, aunque no ha dado nombres.

Pese a reiterar que el referéndum de este domingo es "válido" para el Govern y la voluntad de aplicar los resultados del mismo, ha circunscrito la mediación en el objetivo de "restablecer la normalidad institucional alterada por la violencia" del domingo a resultas de la intervención policial. "Es evidente que las cosas no pueden continuar así", ha añadido el presiente catalán, que ha dicho que es "irrenunciable la mediación como lo era antes el diálogo". 

Sin embargo, Puigdemont no ha aclarado si dentro de esta mediación se podría abrir una negociación que incluyera otro referéndum acordado con más garantías que el acaecido el domingo o aplazar una eventual declaración de independencia, pues ha evitado "especular escenarios" cuando aún no hay "correspondencia" de esta petición de mediación ni en la UE ni en el Gobierno central.

En todo caso, ha subrayado: "Yo no estoy declarando la independencia, el Govern que se ha reunido no ha decidido declara la independencia, sino que invoca una mediación", ha añadido. 

Por su parte, Junts pel Sí (JxSí) ha anunciado que el miércoles propondrá, conjuntamente con la CUP, la fecha para celebrar un pleno específico, que podría ser a finales de esta semana o principios de la siguiente, para debatir los efectos del "referéndum vinculante" del domingo.

EL DESPLIGUE SEGUIRÁ. Pese a los deseos de Puigdemont, tras la jornada del domingo, cuando se celebró el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional, los agentes desplegados en Cataluña seguirán en esta comunidad para reforzar a las unidades que de forma permanente trabajan en esta comunidad.

En total, unos y otros suman 12.000 agentes de ambos cuerpos actualmente en servicio, de los que una parte importante forman parte de los antidisturbios, es decir, de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil.


Así, la Policía Nacional mantiene algo más de 2.000 antidisturbios y la Guardia Civil a unos 700, a los que hay que añadir los agentes de las diferentes unidades desplegadas, desde los servicios de Información a la Policía Judicial, entre otras. Un despliegue que ha obligado a habilitar barcos y dependencias del Ejército para alojar a los agentes.

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