Quince años esperando la piqueta

La estructura del edificio de A Piolla está ubicada en el número 17 de la Avenida da Toxa, en Raxó (Foto: David Freire)
photo_camera La estructura del edificio de A Piolla está ubicada en el número 17 de la Avenida da Toxa, en Raxó (Foto: David Freire)

POIO. A partir de la próxima semana, si todo sale según lo previsto, el casco urbano de Raxó estará un poco más abierto al mar.

Han tenido que pasar quince años para que las administraciones públicas lleven a la práctica la orden judicial que pesa contra un inmueble que, a estas alturas, ha llegado a formar parte de la fisonomía de la parroquia.

Se trata del número 17 de la Avenida da Toxa, aunque el nombre con el que se conoce popularmente es A Piolla, puesto que es así como se llamaba la sociedad que promovió su construcción.

Su situación ilegal no le permitió pasar de ser un esqueleto de hormigón y, de hecho, la empresa promotora nunca pudo avanzar las obras y ni siquiera llegó a levantar las paredes del mismo.

El próximo lunes, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta de Galicia, iniciará los trabajos para su demolición.

La historia de este inmueble se remonta a hace quince años. Fue en 1998 cuando la Xunta de Goberno local del Ayuntamiento poiense había concedido a la promotora A Piolla SL la licencia básica para construir el edificio. Meses más tarde, unos particulares solicitaron la revisión y suspensión de este permiso porque la edificación no guardaba la separación suficiente con respecto al eje central de la calzada, por lo que interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por este motivo, el Concello requirió a la empresa que presentase un proyecto aclarado respetando la línea de retranqueo de los 12,50 metros.

A Piolla SL no lo hizo y recurrió también ante la Justicia la orden del Ayuntamiento, pero el juez no le dio la razón y ordenó demoler la estructura.

Comenzó entonces un largo proceso judicial que ha llegado hasta la actualidad: en marzo de 2006, el TSXG ordenó a la Administración municipal iniciar los trámites para llevar a cabo el derribo, imponiéndoselo a la empresa o ejecutando la demolición de forma subsidiaria. No obstante, la sociedad A Piolla se disolvió, por lo que el Concello argumentó no ser capaz de localizar a su responsable.

Años más tarde, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tomó cartas en el asunto y optó por hacerse cargo de promover el proceso de derribo.

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