La alcaldesa marinense, María Ramallo, expuso ayer públicamente la conveniencia de la adopción de un nuevo acuerdo del Pleno de la Corporación, en consonancia con las gestiones que está realizando la Federación Galega de Municipios e Provincias, para tratar de evitar la eliminación del Registro Civil y el traslado del servicio a Pontevedra.
El máximo órgano municipal ya había aprobado dos mociones al respecto, en ambos casos por unanimidad, en mayo de 2013. Sin embargo, la situación del texto legal que podría conllevar la pérdida del servicio, que se encuentra en fase de alegaciones en el Congreso de los Diputados, ha movilizado a los concellos gallegos, entre ellos el de Marín.
Ramallo resalta que en el caso de prosperar el documento tal como está actualmente obligaría «a desprazarnos ao Rexistro Mercantil da Propiedade ou á futura Oficina Xeral do Rexistro Civil, cuxo emprazamento aínda non se concretou, aínda que todo apunta a que estaría na capital provincial».
Es una situación, según entiende la alcaldesa, que «provocaría notables prexuízos aos nosos veciños, que terían que trasladarse a Pontevedra para facer os trámites que ata agora levaban a cabo no Rexistro Civil en Marín, co inconveniente engadido de afastar o servizo dos cidadáns».
En este sentido, recuerda que Marín es cabecera de partido judicial y cuenta con unas instalaciones idóneas para mantener el Registro Civil e incluso acoger una sala más en el caso de que se considerase necesaria, a lo que se suma «a eficacia coa que o persoal presta o servizo». Por ello, entiende que mantener en Marín los trámites relativos a este registro «contribuiría ao obxectivo perseguido de prestar unha atención eficaz».
De todos modos, la alcaldesa considera que es un asunto que no puede resolverse de forma individual, sino que ha de afrontarse desde la unidad de los municipios a través de la Fegamp. «Non afecta de xeito exclusivo a Marín, senón a todos os concellos que actualmente dispoñen de Rexistro Civil», añade Ramallo.
Eficacia y proximidad. La comisión ejecutiva de la Fegamp, con el acuerdo de todos los grupos, decidió instar al Gobierno central a corregir el texto legal en trámite para que los municipios puedan seguir contando con este servicio, entendiendo que es el mejor modo para garantizar la eficiencia y la proximidad a los vecinos.
Esta cuestión ya fue trasladada a la Secretaría de Estado de Justicia y próximamente se hará lo propio con la Dirección General de Registros y Notariado «para esixir o mantemento dos servizos e funcións rexistrais no ámbito municipal máis próximo». Concretamente, se planteará que se encomiende a los juzgados de paz o que lo asuman los propios concellos con la consiguiente financiación en el caso de no existir los primeros. Mientras, en los concellos de mayor tamaño seguiría como hasta el momento.
La propuesta de acuerdo planteada por María Ramallo incluye instar al Gobierno del Estado a que la Ley del Registro Civil exija el mantenimiento de los servicios y las funciones registrales en el ámbito municipal en el que están establecidos.
El texto está abierto a posibles aportaciones de los grupos municipales de la Corporación y el objetivo es su aprobación en próximas semanas para reforzar las gestiones que está realizando la Fegamp.
Malestar. El anuncio de la entrada en vigor de la nueva ley en torno al 15 de julio próximo, que de aprobarse con el texto actual, en el caso de Marín conllevaría que el servicio se trasladase al Registro de la Propiedad, situado en Pontevedra, provocó preocupación y malestar en la ciudadanía marinense.
La semana pasada fueron el BNG y Colectivo Nacionalista los que alertaron del problema, a los que se sumaron anteayer Estrela y Marea Veciñal.
