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La residencia de Campolongo y SOS Sanidade Pública reciben el apoyo de la Deputación

Juan Loureiro, en representación de SOS Sanidade Pública. OLGA FERNÁNDEZ
Juan Loureiro, en representación de SOS Sanidade Pública. OLGA FERNÁNDEZ

El Gobierno bipartito se solidariza con las reivindicaciones del comité de empresa del centro de mayores y de la plataforma en defensa de la sanidad y trasladará sus peticiones a la Xunta

El Pleno celebrado este viernes en la Deputación contó con dos intervenciones fuera del orden del día: la de un representante del comité de empresa de la residencia de mayores de Campolongo y otro de SOS Sanidade Pública. Ambos solicitaron el respaldo de la Corporación provincial para trasladar a la Xunta sus reclamaciones y ambos obtuvieron el apoyo del Gobierno de Carmela Silva para hacer llegar dichas peticiones al Ejecutivo gallego.

El que tomó la palabra en nombre de la residencia de Campolongo fue Fernán Couto Araújo, quien expuso las "dificultades" generadas por la escasez de personal y las "deficiencias" en las infraestructuras del centro perteneciente a la Administración autonómica.

Entre otras cuestiones, indicó que la cuarta planta de la residencia está "ao completo" de mayores asistidos y carece de elementos propios para prestar un servicio adecuado a los mismos. También lamentó las carencias en materia de movilidad y accesibilidad, así como las condiciones del ascensor y del montacargas, y aseguró que la residencia cuenta con una plantilla de personal que se queda corta para atender a los usuarios. Por todo ello, solicitó a la Deputación que traslade las reivindicaciones de mejora a la Xunta, a lo que se comprometió la presidenta provincial. Precisamente, la diputada parlamentaria del PPdeG Marta Rodríguez aseguró el pasado jueves que la Xunta llevará a cabo diversas obras de mejora en la residencia de Campolongo.

La segunda intervención en el Pleno la protagonizó Juan Loureiro en representación de SOS Sanidade Pública, para pedir a la Deputación que inste al Gobierno gallego a derogar la Lei de Saúde Pública de Galicia. Según expuso, esta "cárgase" cuatro de las once áreas sanitarias gallegas (entre ellas, la de O Salnés) y explicó que este hecho "alonxa a atención médica das zonas rurais para concentrala nas urbes e obriga á xente do rural a desprazarse ata os grandes complexos hospitalarios" situados en las ciudades capitales.

Asimismo, "os prazos de agarda quedan establecidos en 60 días para intervencións quirúrxicas e en 40 días para os diagnósticos e, se se superan eses prazos, pásase aos pacientes ás empresas de sanidade privada", dijo. "A cuestión é que o Sergas deixa pasar eses prazos de forma intencionada para darlle negocio ás grandes empresas médicas", denunció. También señaló que la nueva ley "quítalle atribucións ao Consello Galego de Saúde" y crea "un Consello Asesor do Paciente» que «non sabemos nin quen o integra".

La presidenta provincial coincidió en que "esta lei dinamita a sanidade pública" y agradeció la labor de SOS Sanidade Pública, a la que definió como "un exemplo".

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