Tres semanas después de la aprobación plenaria con la mayoría absoluta del Gobierno cuatripartito de Lalín de la moción que declara al Concello como aconfesional, el asunto continúa suscitando reacciones controvertidas. Ha llegado a las iglesias con el reparto de folletos informativos por parte de la Diócesis de Lugo y está siendo objeto de sermones en algunas celebraciones litúrgicas, y no solo en Lalín, y las redes sociales hierven.
Pero quizás una de las acciones más destacadas la está protagonizando la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ya advirtió la semana pasada que si el Concello lalinense no daba marcha atrás y dejaba sin efecto la moción, denunciaría a quienes la aprobaron en los juzgados. Le daba una semana de plazo, pero el período se alargará un poco más porque el colectivo quiere presentar junto con su petición la retahíla de firmas que ha obtenido a través de la plataforma Change.org. La puesta en marcha de esta campaña de recogida de rúbricas en Internet se iniciaba hace tan solo una semana, el martes pasado. A fecha de este martes se habían registrado cerca de 19.000 firmas; 18.957, en concreto. Tan pronto como se llegue a la cifra redonda de 20.000, la directiva de Abogados Cristianos solicitará una reunión o bien un diálogo por teléfono o telemático con el alcalde, Rafa Cuíña, o con quien este designe en representación del Ejecutivo Local. El planteamiento de dicha asociación -a la que el Gobierno declinó responder públicamente- sigue siendo el mismo: es necesario echar abajo la moción por "su ilegalidad", nada menos que "por ir en contra de la Constitución y ser constitutiva de varios posibles hechos delictivos", en palabras de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
El colectivo estatal solicitará una reunión con el Gobierno de Rafa Cuíña y mantiene que si no retira la moción acudirá a la vía judicial
Según los letrados que conforman esta asociación no solo no era preciso aprobar ninguna declaración de aconfesionalidad porque España, y así lo dice la Constitución, ya es un Estado aconfesional, sino que el mero hecho de que un concello se autoproclame aconfesional "contraviene el derecho de libertad religiosa" y resulta, por ello también, "un acto anticonstitucional".
PRECEDENTE. Abogados Cristianos quieren evitar también que lo ocurrido en Lalín siente un precedente y otras administraciones, tanto locales como de otro rango, hagan lo propio. Por eso, la advertencia de acudir al juzgado para denunciar la declaración de aconfesionalidad tiene también otra finalidad que otros no vayan a la zaga de Lalín.
Todos estos argumentos serán los que ponga sobre la mesa el colectivo que, en el fondo, sospecha que la moción no se traducirá en acciones concretas, pero considera suficientemente grave que se mantenga sobre el papel.
