CALDAS DE REIS. «En otras localidades tienen obras alegales, pero no está la oposición tocando las narices», afirmó ayer el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, en alusión al proyecto de las piscinas de A Tafona, una iniciativa que, confirmó, continúa adelante.
El regidor reiteró lo que ya respondió a los grupos de la oposición en el Pleno del pasado martes, cuando se interesaron por el polémico proyecto en el apartado de ruegos y preguntas.
«Dije que, por prudencia, voy a dar explicaciones al final, tanto a los grupos como a los vecinos. El comportamiento de la oposición es francamente mejorable», manifestó Rey, muy molesto con la actitud del PP e ICdR respecto a este asunto.
De este modo, puso como ejemplo al Ayuntamiento de Cenlle (Ourense), en el que gobierna el Partido Popular con la única oposición de una concejala del PSOE y un edil del BNG. El Gobierno local «sacó adelante un proyecto como el nuestro, con una subvención de Agader exactamente igual que la nuestra, sin ningún permiso de Sanidade, ni de Industria ni de Patrimonio».
Pero, en este caso, «el comportamiento de la oposición fue otro», ya que «entiende que es un proyecto de desarrollo local que ayuda a singularizar el pueblo. A mí me hubiera gustado eso».
No es la única localidad a la que aludió Rey. «Situaciones de alegalidad como las de Cenlle las hay en otros sitios, como las de pozas de Chavasqueira y Outariz (Ourense), que carecen de algunos permisos, y también en otros lugares de España, pero no está la oposición tocando las narices».
De todos modos, insistió, «hablaré en su día, para no perjudicar la imagen del proyecto, algo de lo que ya se encarga la oposición. De momento me mantendré en silencio».
Incapacidad
Aun así, confirmó que el proyecto continuará adelante con la ayuda de la Deputación de Pontevedra y la cofinanciación del Concello, que también aportará trabajadores municipales.
Rey admitió que la subvención de 122.000 euros concedida por Agader «se perdió, claro», al no haber ejecutado y certificado la obra el pasado 30 de septiembre, pero lo atribuyó a la «incapacidad» de la empresa adjudicataria, «que está en concurso de acreedores».
Después de que el Concello le rescindiese el contrato, la firma, Proyecta SL, presentó una reclamación al entender que la rescisión se llevó a cabo de forma unilateral, por lo que, como se informó ayer, solicita una indemnización del 3% del presupuesto de la obra -unos 6.000 euros- más el coste del estudio geotécnico.
«El estudio hay que pagarlo porque, de todas formas, es necesario. Es una de las exigencias de la Consellería de Industria, pero la indemnización se le va a cuestionar», avanzó el regidor.
