"Es una obsesión que tengo desde hace años y por eso me propuse promover en el Senado una comisión que ayude a acabar con la complicidad que hay en Occidente frente al trabajo de los niños en el Tercer Mundo". Así se refiere el senador socialista Ricardo Varela Sánchez (Lugo, 1955) a la Comisión Especial de Estudio sobre el Trabajo y la Explotación Infantil que, tras cinco meses de trabajo en la Cámara Alta, acaba de finalizar con unas conclusiones, aprobadas por unanimidad, en las que se insta a distintas administraciones a promover medidas que eviten el consumo en España de productos en cuya elaboración, independientemente de la fase de la que se trate, intervengan las manos de menores.
¿Qué objetivo tiene una comisión sobre el trabajo infantil en un país en el que la legislación ya lo prohíbe?
España, afortunadamente, cumple con los estándares internacionales en materia de protección a la infancia, pero es una realidad que sufren 170 millones de niños en el Tercer Mundo, de los que 85, el equivalente a la población de Alemania, están en unas condiciones laborales intolerables, que afectan a su desarrollo personal. Vivimos en un mundo globalizado y podemos ser cómplices por desconocimiento, porque no siempre se puede asegurar que los productos que consumimos, procedentes de terceros países, estén exentos de cualquier práctica que atente contra los derechos humanos. Es muy curioso, pero sabemos casi quién pescó la merluza que comemos, pero no si el cinto que llevamos lo ha hecho un niño. La comisión, ante todo, pretende profundizar en el conocimiento de la sociedad española sobre el origen de lo que estamos consumiendo y sobre la identificación y trazabilidad de los productos.
¿A qué especialistas consultó la comisión?
Contamos con la presencia de numerosos expertos que analizaron la situación desde distintas perspectivas. Expusieron su visión personas como el presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo; el fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa; la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Mercedes García de Vinuesa, o el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Joaquín Nieto Sáinz.
¿Cuál es el panorama que les presentaron estos especialistas?
La realidad es que un 11% de la población infantil mundial está siendo explotada laboralmente. La situación es muy grave en Suramérica, sobre todo en el sector de alimentación, y en Asia, en las manufacturas de todo tipo, principalmente textiles y de piel.
Tras analizar la situación, ¿a qué conclusiones llegó la comisión?
Acordamos, por unanimidad de todos los grupos que la componemos, una serie de propuestas que, según los casos, irán dirigidas, tras su aprobación por el pleno del Senado, a las distintas administraciones nacionales, desde el Gobierno a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas, y a entidades internacionales, con el objetivo de que el consumidor en España no viva en la ignorancia y tenga un mayor conocimiento del origen de los productos y de su proceso de elaboración para asegurarse de que no se han hecho explotando a menores.
"La realidad es que un 11% de la población infantil mundial está siendo explotada laboralmente. La situación es muy grave en Suramérica, sobre todo en el sector de alimentación, y en Asia, en las manufacturas de todo tipo, principalmente textiles y de piel"
¿Qué propuestas realiza en concreto?
Por ejemplo, se plantea al Gobierno que implante una regulación similar a la que ya existe en el Reino Unido, Dinamarca o en algún estado norteamericano, como California, en donde se les exige a las grandes empresas que garanticen que sus productos están limpios de explotación laboral infantil en todo el proceso de elaboración. Otra medida sería la aprobación de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos y también proponemos que se aplique el principio de diligencia debida que, en síntesis, supone exigir a las empresas que identifiquen, prevengan y mitiguen el impacto de sus operaciones realizadas en terceros países en los derechos del niño.
Al margen de estas medidas de carácter legislativo, ¿qué otras propuestas hace la comisión que impliquen de forma más directa al consumidor?
Entre otras, proponemos incentivar los procedimientos conocidos como Tarjeta Amarilla o Roja, que utiliza actualmente la UE para prevenir la pesca realizada por menores, y ampliarlos a otros sectores como la producción o comercialización internacional.
Quedan solo meses para que finalice su primera legislatura en el Senado, ¿qué balance hace de estos cuatro años?
He sido el senador con más actividad, ya que efectué más de 9.000 iniciativas, relacionadas con la Comisión de Empleo, de la que formo parte, y también con Lugo. En el ámbito laboral, tuve numerosas intervenciones sobre los subsidios de desempleo y en relación a la provincia, al margen de otras cuestiones, puse especial atención en denunciar el desmantelamiento de proyectos de infraestructuras, como la estación intermodal de la capital o del Ave, y en los problemas de la A-8.
