El Concello de Sanxenxo está a punto de dar carpetazo a uno de los expedientes urbanísticos más polémicos de los tramitados durante la última década. El cuatripartito ha adjudicado la demolición de varios chalés situados en el lugar de A Torre, en la parroquia de Dorrón. Se trata de unos inmuebles cuya construcción fue paralizada en su día al no respetar la distancia que marca la normativa con el cementerio parroquial. La licencia concedida por el Ayuntamiento para la puesta en marcha de esta actuación fue una de las actividades investigadas por el Juzgado de Cambados y que provocó la imputación de la exalcaldesa Catalina González, así como el ex responsable de Urbanismo Ángel Casal.
El derribo de estas viviendas fue requerido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en mayo de 2014, fecha en la que resolvió el primer recurso presentado por el Concello para tratar de evitar esta responsabilidad. El pasado mes de agosto la jueza advertía de que la inacción prolongada podría derivar en otro tipo de consecuencias para el Gobierno local.
De esta manera, la empresa responsable de echar abajo los polémicos inmuebles será Nexia Infraestructuras SLU, que tendrá la obligación de presentar un Plan de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra, que deberá entregar 15 días después de la firma del contrato. Asimismo, la firma dispondrá de un plazo de 20 días para proceder a la demolición de los cuatro chalés.
MENOS COSTE. En un principio, el cuatripartito estimó que el cumplimiento de la orden judicial supondría un gasto de unos 55.000 euros aproximadamente. No obstante, la licitación quedó finalmente fijada en 41.744,15 euros, IVA incluido.
Las licencias de los inmuebles construidos por la promotora Ferro Messego junto al cementerio de Dorrón se anularon por sentencia judicial en abril de 2008, al incumplir los 50 metros de separación obligada entre la urbanización y el camposanto.
Más tarde, el juzgado estimó también que el Concello de Sanxenxo debía indemnizar a la promotora, lo que obligó a un desembolso cercano al medio millón de euros, ya que la sentencia recogía que no resulta acreditado "incumplimiento alguno por parte de la empresa promotora responsable del proyecto ni en el emplazamiento ni en la construcción y ejecución de las obras".
