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El Concello de Silleda acaba con el conflicto de las altas tasas del agua

Fue un Pleno histórico en Silleda porque el 'culebrón' del agua provocó hasta 12 manifestaciones
Fue un Pleno histórico en Silleda porque el 'culebrón' del agua provocó hasta 12 manifestaciones
El acuerdo de modificación de la ordenanza se tomó por unanimidad, pese a las críticas del PP ►Solo asistieron dos de los cinco ediles populares

Silleda dio este miércoles carpetazo a un culebrón político, económico y social que -como casi todos los surgidos durante gobiernos del PP en Trasdeza- duró años y años; en el caso del conflicto de las altísimas tasas del agua, 21 en concreto, desde que se privatizó el servicio, en 1996, cuando gobernaba el fallecido exalcalde Juan Salgueiro. Claro que el conflicto se recrudeció en el año 2003, con una segunda fase de la privatización que disparó las tarifas al duplicarse, en el mismo recibo, los servicios de saneamiento y depuración.

Así, a mediados de la década pasada se sucedieron en la capital de Trasdeza doce manifestaciones. En aquellas protestas estuvieron presentes quienes luego gobernaron, la exalcaldesa socialista y exsenadora Paula Fernández y concejales de su mismo color político y del BNG, además de vecinos y socios de la Asociación Veciñal Olaia. El miércoles, en un Pleno extraordinario e histórico, la Corporación silledense dio un unánime respaldo a la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas de abastecimiento y saneamiento. Con un estudio de costes, elaborado por técnicos de Intervención, y después de que el pasado 1 de enero el servicio volviese a manos municipales, el Pleno tardó poco más de una hora en aprobar lo que supondrá una sustancial rebaja de las tarifas del agua.

Estas fueron tan desorbitadas desde el año 2003 que los vecinos de Silleda con consumo 0 pagaban más de 50 euros por trimestre. A grandes rasgos, la nueva ordenanza supondrá una rebaja de un tercio del precio actual -entrará en vigor el 1 de enero de 2018- para alrededor de 2.320 vecinos (usuarios domésticos y comerciantes), la inmensa mayoría de los conectados a la red municipal de agua.

Fue un Gobierno del PSOE -y años le costó- el que acabó con lo que el BNG calificó este miércoles de "irresponsabilidades políticas con contubernio coas empresas" de sucesivos ejecutivos populares. Por eso llamó todavía más la atención -más de lo que ya lo llamaría de por sí- que únicamente asistiesen al Pleno en el que se debatía la rebaja de las tasas del agua dos de los cinco concejales que tiene el actual grupo municipal del PP.

El alcalde, Manuel Cuíña, detalló las actuales y las futuras e inmediatas tarifas a aplicar, aseguró que los 70.000 cobrados de más durante este año se invertirán en obras relacionadas con el agua (abastecimientos principalmente) y dejó la puerta abierta a posibles ajustes -algo que le recordó el BNG porque en el tramo de consumo de 30 a 40 metros cúbicos por trimestre los usuarios pueden consumir más que ahora y pagar mucho menos-.

NO HAY BASE PARA JUICIO. Según el estudio de Intervención, el coste de prestar el servicio se situará en 2018 en 432.020 euros y los ingresos por recaudación de tasas y otros conceptos se moverán en torno a los 416.620 euros. Si las cifras casan con estas previsiones, el déficit anual para el Concello no llegaría a los 17.500 euros (17.419, en concreto). Silleda cubriría el 95,96% del servicio con la recaudación y las arcas municipales asumirían, por lo tanto, menos de un 5% de desviación.

El portavoz y único edil del BNG, Matías Rodríguez da Torre,recordó que representantes de la empresa que fue concesionaria del agua, Espina y Delfín, habían reconocido en la propia Mesa da Auga que "da auga de Silleda sacábanse moitos cartos". "Fixéronse de ouro coa auga de Silleda", subrayó y propuso llevarlos al juzgado "por roubarnos dun ben básico durante anos" y también por aceptar solo la subrrogación de 4,5 empleados en lugar de los 6 que tenía en plantilla Espina.

El alcalde dio a entender que ya lo había propuesto, pero respondió que, según los juristas municipales "non hai base legal" para emprender un juicio contra la exconcesionaria. Además, dijo, "o litixio podería acabar saíndolle caro ó Concello".

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