El edificio de A Piolla, levantado en la Avenida da Toxa de Raxó, en Poio, está siendo demolido, tras 15 años "afeando" el litoral del municipio. Las obras para tirar esta estructura han comenzado hoy con la preparación del terreno para la entrada de la maquinaria que ejecutará la demolición.
El plazo para concluir la actuación es de mes y medio, aunque el derribo propiamente dicho se efectuará en los próximos 15 días, tal y como ha confirmado el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández.
"La Xunta va a hacer la demolición y después los gastos se girarán a la promotora, y en el caso de que no responda a ese requerimiento, remitiremos el expediente a Hacienda para que arbitre las medidas de cobro que correspondan por la vía ejecutiva", ha explicado el responsable autonómico.
Durante ese periodo, los trabajos provocarán restricciones de tráfico puntuales en la PO-308, que comunica Pontevedra y A Lanzada, que serán "de manera muy puntual, a la entrada y salida de los vehículos con escombro y en los momentos de demolición de las zonas más próximas a la carretera".
Además del conselleiro, al lugar se han acercado la directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y el delegado territorial de la Xunta. El alcalde de Poio, Luciano Sobral, ha asegurado que no se podrá volver a construir en la zona, puesto que en el año 2000 la zona se incluyó en el Plan General como zona verde, con lo que "ahora es imposible que se pueda construir algo en esta parcela".
Los planes del gobierno local pasan, según lo trasladado por el regidor, por hacerse con la parcela mediante una expropiación para crear un parque público. El presupuesto sólo para la demolición de la estructura asciende a 88.535 euros.
Concienciación
Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente ha recordado que la finalidad última de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística no es sancionadora, sino la de "reparar ilícitos urbanísticos y la de concienciar a la sociedad promoviendo una cometido educativo en valores cívicos".
En este sentido, ha dicho que más de un 90% de las demoliciones efectuadas en 2012 habían sido voluntarias, lo que a su juicio "demuestra la concienciación ciudadana con el territorio".
Según los datos facilitados por el conselleiro, la APLU se convirtió en cuatro años en un "instrumento eficaz de concienciación ciudadana en pro del uso racional del suelo y la lucha contra el feísmo urbanístico", con cerca de 1.000 expedientes de reposición de la legalidad abiertos y casi 300 demoliciones efectuadas hasta la fecha, cifra que será superada a finales de año.
Agustín Hernández detalló que la tipología de edificaciones demolidas es fundamentalmente la de naves industriales, viviendas y edificaciones en estructura, todas ellas construidas en diferentes categorías de suelo rústico (protección de la costa, paisajística, espacios naturales, ordinaria y forestal).
