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Susana Díaz pone en jaque a Orozco

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El cambio de criterio del PSOE sobre los imputados, forzado desde Andalucía, amenaza con arruinar los planes de Besteiro para las municipales si Chaves y Griñán son forzados a dimitir.
 
El terremoto político de los ERE de Andalucía sacudió esta semana al PSdeG. No se trata de que haya alguna ramificación gallega en este escandaloso desvío de los fondos públicos. La cuestión está en la gestión política de este caso que la prensa conservadora de Madrid presenta interesadamente como el más grave de la brutal oleada que se registra en España desde el 2006, cuando comenzó la actual fase, precisamente en Andalucía, con la operación Malaya, de Marbella. A mi juicio el caso de mayor relevancia en España es, sin duda, el de Bárcenas, pues existen serias sospechas de conductas ilegales que llegan hasta la misma presidencia del Gobierno, además de haber supuesto el encarcelamiento provisional del tesorero del hoy partido gobernante en España, el PP, del que hay numerosos indicios de que mantenía unas prácticas continuadas de financiación irregular a gran escala, a través de comisiones procedentes de empresas.

Sí es cierto que el caso de los ERE resulta terrible por sus millonarias dimensiones y por afectar a una autonomía, Andalucía, que presenta alarmantes patologías en el funcionamiento de sus instituciones democráticas y de su economía. Es la única comunidad en la que nunca hubo alternancia, pues gobierna el PSOE desde 1982. Gracias también al desastre del PP de Arenas y sus sucesores, ha pervivido una potente maquinaria caciquil socialista. Andalucía tiene una tasa de paro superior al 30% desde hace tres años sin que se haya producido ningún estallido social, lo que da idea de un aumento proporcional de la economía sumergida. De los que trabajan, el 24% lo hace para la administración, 2,3 puntos por encima de la media española. Hay un problema andaluz en España, aunque se quiera ocultar.

El escándalo de los ERE resulta explosivo políticamente porque afecta al corazón de la primera fuerza de la oposición, el PSOE, en una coyuntura de gran debilidad, sobre todo en su otro bastión, Cataluña, que ha multiplicado la influencia de la federación andaluza, como se comprobó en la sucesión de Rubalcaba. En una desvergonzada maniobra, José Antonio Griñán dimitió como presidente de la Junta cuando vio que iba a ser imputado. Se fue al Senado, para estar aforado en el Supremo, lejos de la jueza Alaya. Pero ahora, cuando la causa ha llegado al Supremo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha cambiado el criterio del partido sobre las imputaciones, al pedir las dimisiones de Chaves y Griñán como diputado y senador, respectivamente, si son imputados, como es probable que suceda en breve.

La presión de Díaz ha obligado a la dirección federal del PSOE a cambiar su criterio, acogiéndose a una disposición del código ético aprobado en octubre. Pedro Sánchez mantenía que sólo se debía dimitir en caso de apertura de juicio oral, pero su número dos ha dicho que a Chaves y Griñán, expresidentes de Andalucía y del PSOE, se les pedirá la renuncia si son imputados.

Así, el futuro político del alcalde de Lugo aparece muy vinculado al de Chaves y Griñán. Sería muy complicado para el PSOE presentar a Orozco, imputado en Pokémon, como candidato a la alcaldía de una capital de provincia tras cortar la cabeza de los exjerarcas andaluces. A diferencia del cambiante criterio de Feijóo, que quedó en evidencia con el caso de los siete de Santiago, Besteiro sí había conseguido mantener el principio de la dimisión sólo cuando se abre el juicio oral, que aplicó con la salida del partido del histórico alcalde de Pedrafita.
Para afirmarse en Andalucía y marcar distancias con el pasado, Susana Díaz ha pegado un giro que le puede generar un serio problema a Besteiro, pues la principal alternativa a Orozco como candidato en Lugo es él mismo.

Del delegado del Gobierno de Feijóo al de Rueda
De Manuel Ameijeiras se decía en el PSOE que no era el delegado del Gobierno de Zapatero en Galicia, sino el delegado de Touriño ante el Gobierno. También el exconselleiro Samuel Juárez parecía el delegado de Feijóo, aunque su obcecación en defender lo indefendible y su radicalismo lo fueron poniendo del bando del Gobierno. Villanueva aparece a priori como el delegado del vicepresidente Rueda, para quien trabajaba.

La paradoja de la lista municipal más votada
A seis meses de las municipales se vislumbra la que puede ser la paradoja de la lista más votada, ya que el mecanismo que el PP quiso modificar unilateralmente a su favor en vísperas electorales es precisamente el que, en su regulación actual, le puede garantizar la alcaldía de algunas ciudades gallegas.

Es un supuesto que vale sobre todo para Vigo, pero que quizá sea aplicable en otras urbes. En la ciudad más poblada de Galicia, el alcalde, el socialista Abel Caballero, necesita ser el más votado si quiere asegurarse la alcaldía, ya que en caso contrario no sólo precisaría del voto favorable del BNG, como sucedió en 2007 y 2011, sino que también tendría que recibir el apoyo de la previsible candidatura de unidad popular, al estilo de la marea coruñesa, que se espera irrumpa en el ayuntamiento. Así, el PP podría alcanzar el poder pese a bajar en concejales si queda de primero, pues la legislación vigente establece que será investido alcalde el candidato del partido más votado, si no hay ningún aspirante al que respalde la mayoría absoluta de los ediles.

En las municipales del 2007 las mayorías absolutas desaparecieron de las ciudades gallegas. En el momento más álgido del bipartito de PSOE y BNG en la Xunta parecía que las mayorías absolutas formaban parte del pasado, del PP del fraguismo y de tiempos de aplastantes liderazgos locales como el que tuvo Vázquez en A Coruña o el que logró crear Orozco fugazmente en Lugo. Sin embargo, el brutal declive del PSOE de Zapatero, la crisis del BNG y la fragmentación de la izquierda le dieron al PP tres mayorías absolutas, por los pelos, en las tres ciudades coruñesas en el 2011.

Ahora, en el escenario surgido de las europeas y en el que dibujaba la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas para el Congreso de los Diputados, las mayorías absolutas vuelven a parecer muy difíciles, sino imposibles en la Galicia urbana, aunque el PP aspire a mantener al menos la de A Coruña y a conquistar la de Lugo.

En este panorama de gran fragmentación, la condición de fuerza más votada parece mucho más determinante que en el pasado, por las dificultades que pueden existir para que se articulen coaliciones frente al PP, si bien no hay que descartar que se formen.

Esta semana los populares recibieron un balón de oxígeno al levantarse la imputación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, imputado en Pokémon por un error del Servicio de Vigilancia Aduanera, que lo confundió con otra persona. De todos modos, está pendiente de aclarar la posible financiación ilegal del PP en esa campaña.

Feijóo utiliza la “desimputación” de Rey para defender que los imputados no deben dimitir y defender la continuidad en el Parlamento de Paula Prado. Sin embargo, las improcedentes frases de la diputada que figuran en el sumario, sobre los miles de euros con los que infló una factura o los “regalos de la hostia de Vendex”, muestran que no reúne condiciones para seguir en política, como no las reunía para seguir siendo portavoz del PP, cargo que tuvo que dejar al asumir las responsabilidades políticas de sus palabras.

(*) Artículo publicado el domingo 16 de noviembre en la edición impresa del diario El Progreso.

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