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Torres-Dulce califica las preferentes como un ''problema social de primer orden''

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que la venta de preferentes ha generado "un problema social de primer orden" frente al que la Fiscalía no permanecerá "impasible", ya que ha supuesto la "volatilización" de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta.

La comercialización de estos títulos "por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia" ha desembocado en "un problema social de primer orden frente al que no podemos permanecer impasibles, pues han supuesto la volatilización de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta", ha señalado Torres-Dulce durante su intervención en el acto de apertura de los tribunales.

El fiscal general ha añadido que los casos derivados de esta situación que están llegando a los tribunales "resultan variados y sumamente complejos, por lo que no admiten un tratamiento común".

Así, ha distinguido aquellos en los que "la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión", mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la falta de solvencia de la entidad; de los casos en los que se colocaron los títulos a personas "discapacitadas, desvalidas o imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".

En el primer supuesto, ha dicho, las acciones judiciales podrían dirigirse contra "la cúpula directiva de la entidad"; mientras que en los otros "el fiscal se viene personando caso por caso en los distintos procesos abiertos".

La Memoria de la Fiscalía correspondiente de 2012, que se ha conocido hoy, reconoce que "muchos particulares" que adquirieron preferentes han acudido a ella en busca de asesoramiento ante las ofertas de arbitraje de las entidades bancarias, pero que no ha podido proporcionárselo "al estarle expresamente vedado".

Cuando se acude al arbitraje, las partes renuncian al ejercicio de acciones judiciales y deben someterse obligatoriamente al laudo arbitral, sin que el Ministerio Público pueda intervenir en forma alguna en el procedimiento.

La Fiscalía dice que las preferentes son productos "que se alejan mucho de los que hasta el momento se estaban comercializando para el perfil inversor del tramo minorista y especialmente de los depósitos, dado que en ningún caso tienen una rentabilidad asegurada ni una forma de recuperar la inversión distinta a la venta del producto o, en su caso, a la espera de la fecha de vencimiento".

No obstante, el fiscal recuerda que "con anterioridad a 2008 estos productos funcionaron con normalidad y los inversores pudieron recuperar su capital sin dificultad".

A partir de esa fecha, "los inversores institucionales dejan de mostrar interés por la compra de este tipo de productos, por lo que las entidades incrementaron su comercialización en el tramo minorista", circunstancia que coincidió con el empeoramiento de "la situación económica en general y de las entidades financieras en particular", haciendo bajar el valor de mercado de esos títulos.

Las preferentes, además, dejaron de computar como capital de alta calidad después de las medidas adoptadas por la Autoridad Europea Bancaria (EBA) en diciembre de 2011, "lo que hace mucho menos atractivas este tipo de emisiones".

"Como consecuencia de todo ello han sido, por tanto, los inversores minoristas los principales perjudicados", añade el texto.

Torres-Dulce califica las preferentes como un ''problema social de...
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