Un 4,5% del suelo que ardió en 2016 fue objeto de tratamiento especial para evitar su erosión

Galicia aplica desde 2010 técnicas pioneras de acolchado vegetal con helicóptero para evitar que las lluvias arrastren la tierra quemada causando daños irreparables al ecosistema

Un 4,5 % del suelo quemado por los incendios forestales en 2016 recibió tratamiento específico dispensado por la Consellería de Medio Rural para evitar su erosión. La cifra se refiere a las actuaciones con mulching y helimulching, los tratamientos más punteros de los administrados al suelo una vez que arde, y desarrollados por investigadores gallegos.

Una vez que se quema el monte, el suelo destruido pasa a ser un problema de otro rango para la Administración y para el propietario. En el segundo caso, el dueño del suelo se enfrenta a la tarea, si este es productivo, de recuperar cuanto antes la normalidad retirando la madera quemada, protegiendo el suelo y 'reiniciando' el proceso biológico que hay en él. No es una tarea sencilla, y para poder volver a contar con un suelo útil se necesitarán años y trabajo e inversión desde los primeros instantes, tal y como explica Ernesto Filgueira, de la Comunidade de Motes de Viascón, que recuerda que desde los incendios de 2006 "estamos en branco". La comunidad, que lo perdió todo, aún no pudo realizar ninguna tala de madera nueva. Sigue esperando a que esta crezca "e o certo é que parece ir máis despacio".


El coste de esta recuperación más que en millones de euros, se mide en millones de años


Muchas de las grandes superficies que arden al año en Galicia se quedan, además, expuestas a otros problemas ambientales, dado que las condiciones orográficas y climatológicas del territorio gallego hacen que esta región sea la más sensible de Europa a la erosión. De hecho, se sabe que en los seis primeros meses después de un incendio, la superficie afectada puede perder hasta un 80% del sustrato que la compone. Aunque cada caso es diferente, se pueden dar pérdidas hasta de 50 toneladas de tierra por hectárea quemada en el primer año después del fuego.

El suelo desaparece llevado por las corrientes que genera la lluvia. El coste de esta recuperación más que en millones de euros, se mide en millones de años, pues se estima que ese es el tiempo que cuesta recuperar la riqueza de componentes, materia orgánica y condiciones originales. A su vez, este, convertido en lodo y ya depositado en los fondos de la ría, crea cuantiosas pérdidas a otros sectores productivos como el marisquero. La comunidad gallega estudia desde los años 80 las fórmulas para la recuperación del suelo, con programas como el del equipo de Protección Forestal dependiente del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, dependiente de la Consellería de Medio Rural. Este centro aplicó por primera vez en 2010 las técnicas de recuperación de helimulching y ha desarrollado otras como e acolchado vegetal con paja o la aplicación de fajinas de protección a las laderas. Galicia se ha convertido, forzada por la mala experiencia de los incendios, en una región puntera en estas actuaciones.

Estas técnicas se repiten desde 2010, y ha crecido de modo progresivo cada año. Solo en 2016 se actuó en 952 hectáreas. El programa requirió seis millones de euros, y los suelos que recibieron estas técnicas fueron, principalmente, los de las laderas y fuertes pendientes en áreas en donde se registraron los grandes incendios. Porto do Son, en A Coruña; Avión, Boborás, Entrimo, Melón, Monterrei y Muíños, en Ourense, y Arbo, As Neves, Caldas, Catoira, Cerdedo-Cotobade y Redondela-Soutomaior, en Pontevedra.

Sobre estos terrenos se actuó con fajas de protección que evitan las 'escorrentías' (213 kilómetros), así como aplicación de protección vegetal sobre el suelo (acolchado con paja) y aplicación con helicóptero.

También se recuperaron las pistas y dotaciones afectadas y se inició la regeneración de la capa vegetal. La Administración, además de actuar en los 12 fuegos más relevantes de 2016, creó una línea de ayudas para particulares también enfocada a esta finalidad: un millón de euros para la recuperación de infraestructuras dañadas en explotaciones de las que se repartieron al final 426.000 a un total de 76 solicitantes.

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