Unas medidas en un año sanitario que comenzó con la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el cobro de un euro por receta médica establecido en la Comunidad de Madrid, al igual que ya había hecho en diciembre con Cataluña, por considerar que esa tasa vulneraba la igualdad de los ciudadanos.
Estas iniciativas están suspendidas cautelarmente por el Constitucional hasta que resuelva sobre ambos recursos.
Pero las protestas, más palpables en la calle en este año, han tenido como centro de atención a los gestores autonómicos de la sanidad. Véase, por ejemplo, las mareas blancas en contra de la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, las quejas por los impagos a las farmacias en varias autonomías o las motivadas por el cierre de urgencias nocturnas en varios municipios de Castilla-La Mancha.
No obstante, en este año que acaba la situación económica ha servido para que Sanidad y la mayoría de las comunidades hayan consensuado la compra centralizada de medicamentos y vacunas, con el consiguiente ahorro.
Mato además ha logrado poner de acuerdo a las comunidades para aprobar, por primera vez, un calendario común de ocho vacunas infantiles para doce dolencias.
Un acuerdo "histórico", según la ministra, al igual que el suscrito con los representantes de médicos y enfermeros en julio, al que se unieron cuatro meses después los farmacéuticos, por la sostenibilidad del SNS, aunque todavía el anhelado Pacto de Estado por la Sanidad no se ha firmado.
Lo que sí ha avanzado es la apuesta del Gobierno por los principales proyectos de e-Salud, la receta y la historia clínica electrónica. Más del 64 % de la población utiliza ya la receta electrónica y en la base de datos de la historia clínica están incluidos ya más de veinte millones de españoles. Y aunque la reforma de la Ley del Tabaco no estaba en la agenda política ni en el programa electoral del PP, la aparición en escena de Sheldon Adelson y Eurovegas abrió el debate.
La exigencia del magnate estadounidense de que se permita fumar en los casinos para ubicar su complejo de ocio en la localidad madrileña de Alcorcón ha puesto al Ministerio y a su titular en una disyuntiva.
Como garante de la salud de los ciudadanos, Mato sabe que tiene que defender una ley que ha acreditado sus beneficios, pero a la vez considera que no se pueden cerrar los ojos a un proyecto que "va a generar riqueza económica para el país". De todos modos, las voces contra una modificación de la ley han sido numerosas.
La crisis y los recortes del Ejecutivo han seguido afectando al desarrollo de la ley de dependencia e incluso la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reconocido que "es muy difícil" cumplir la norma con la situación económica actual.
El Gobierno ha subrayado que el presupuesto destinado al desarrollo de la ley garantiza la sostenibilidad del sistema al igual que la reforma de la ley aprobada en 2012 ha evitado el colapso de la dependencia.
