Los condenados por un delito de narcotráfico sobre los que pese una sentencia firme, las empresas en concurso de acreedores o las que no están al corriente de los pagos con Hacienda o la Seguridad Social, los altos cargos de la Administración que puedan tener intereses, los miembros del Gobierno, y los policías, abogados, fiscales y jueces que hayan intervenido en los procesos no podrán pujar en la subasta de bienes decomisados a narcotraficantes que se celebrará el día 10 en Madrid. Tampoco podrá hacerlo el personal del Ministerio de Sanidad, al que pertenece en Plan Nacional sobre Drogas, que tratará de encontrar nuevos dueños a pisos, casas, locales comerciales, galpones, terrenos o garajes embargados judicialmente y recaudar fondos para la lucha contra el consumo de drogas y la rehabilitación de sus víctimas.
Sin embargo, en el pliego de bases no figura restricción alguna para que familiares, allegados, cómplices o testaferros de los narcos puedan hacerse con sus propiedades.
