El traslado del Registro Civil de Marín fue uno de los temas protagonistas del Pleno marinense celebrado ayer, en el que tras haber presentado la Alcaldía y el BNG sendas mociones para pedir que no se traslade el servicio y que se mantenga la gratuidad.
El texto aprobado por todos los grupos insta a la derogación del decreto-ley relativo al traspaso de la competencia de los registros civiles a los registros mercantiles y de la propiedad, mantendo o relativo á súa gratuidade, según indica la moción.
El segundo punto de la moción conjunta pide instar aos deputados e deputadas no Congreso e no Senado a apoiar as enmendas presentadas ao proxecto de ley, con la intención de que se manteñan os rexistros civís, mantendo a súa estrutura administrativa e evitando a súa adscrición a calquera tipo de xestión privada.
En el acuerdo plenario se recoge también lo que requirió la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) para que la entrada en vigor de la ley exija el mantenimiento de los servicios y funciones registrales en el ámbito municipal donde están establecidos. En un cuarto punto, el acuerdo consensuado previamente por todos los grupos se enviará al Ministerio de Justicia, a los grupos parlamentarios del Congreso, del Senado y a la Fegamp.
Urbaser. Otro de los temas que más debate generaron en el Pleno de ayer fue una moción de apoyo a los trabajadores de Urbaser. La iniciativa fue presentada por vía urgente por el BNG y pedía a todos los grupos o apoio do Pleno ás xustas reivindicacións dos tralladores de Urbaser, rechazar la actitude intransixente da empresa no proceso de negociación do novo convenio colectivo e demandan da mesma o reinicio das conversas y un tercero en el que se destacaba que respectando sempre a liberdade de ambas partes (empresa e traballadores) na negociación, demanda a mediación da alcaldesa co obxectivo de desbloquear o proceso, e en aras a evitar un conflito laboral que prexudique á cidadanía de Marín.
Si bien todos los grupos destacaron la importancia de alcanzar un acuerdo plenario, el Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta, pidió que se retiraran los dos primeros puntos de la moción y que se llegara a un acuerdo para que se reinicien las negociaciones y no se genere un conflicto laboral que derive en un paro.
La iniciativa provocó un debate entre los grupos de la oposición y el del Gobierno municipal en el que la alcaldesa, María Ramallo, justificó que el primer punto no lo podía aceptar porque hace referencia a posturas variables en la negociación entre empresa y trabajadores. Finalmente, la portavoz nacionalista, Pilar Blanco, aceptó las modificaciones solo por dar prioridad a que la Corporación apruebe la iniciativa, aunque reclamó a la alcaldesa que a mediación sexa urxente para evitar un conflito que ninguén quere y que la alcaldesa informe a los portavoces del estado de las negociaciones.
