El Concello de Vilaboa acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo plenario adoptado el pasado mes de julio por el que se anula la ordenanza creada en su día para blindar el municipio frente a la acción de los emisores de frecuencias electromagnéticas, entre ellos, las antenas de telefonía móvil y telecomunicaciones y las estaciones eléctricas.
El acuerdo plenario llega después de que el Gobierno local tuviese conocimiento del fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la que se resuelve en favor del demandante el contencioso interpuesto por Telefónica España contra la citada ordenanza.
Fuentes municipales han precisado que se desconoce si el Gobierno local adoptará medidas de réplica como la aprobación de una nueva normativa con la misma finalidad
Fuentes del Gobierno local han recordado que la normativa se elaboró en 2010, en pleno conflicto por la pretensión de Fomento de implantar una subestación para alimentar la línea del AVE y con una gran corriente de oposición vecinal ante la presencia de tres antenas repetidoras de señal de telefonía móvil en una zona concreta de la parroquia de Bértola.
En el momento en que la ordenanza se redactó y se elevó a definitiva mediante acuerdo plenario, los vecinos demandaban al Concello medidas de protección ante lo que consideraban potenciales fuentes de molestias y de enfermedades. La plataforma de afectados y el Concello llegaron a entregar más de 500 firmas en la Xunta contra la subestación y otras 800 a la oficina del Defensor do Pobo con la misma petición.
El Gobierno local decidió entonces responder a esta demanda aplicando el principio de prudencia y evitando una mayor concentración de instalaciones de este tipo en el territorio municipal con una ordenanza que, por otra parte, fue ignorada por la Consellería de Industria cuando dio el visto bueno al proyecto de subestación del AVE.
Poco después de la aprobación de la ordenanza, que está vigente desde el año 2010 y contra la que ninguna empresa o entidad presentó reclamaciones en la sede municipal, se supo que había empresas dispuestas a defender en los tribunales el derecho a implantar estas instalaciones. Una de ellas fue Telefónica Móviles España S.A., que seis años después logró su objetivo.
REEDICIÓN. Fuentes municipales han precisado que, de momento, se desconoce si el Gobierno local adoptará medidas de réplica como la aprobación de una nueva normativa con la misma finalidad. "Dependerá moito do contido desa sentenza e tamén do que suceda cos asuntos que levaron a aprobar a ordenanza en 2010", apuntaron. Uno de los objetivos de esta norma era evitar la subestación, y, aunque, de momento, la obra parece paralizada, todo está pendiente de otro contencioso aún sin resolver que puede paralizar o dar luz verde a esa instalación.
