Una supresión reivindicada por los vecinos desde los años 90

Xunta, Concello y Fenosa firmaron en 2007 un convenio para que el cableado estuviese bajo tierra en 2009, pero sólo se ejecutó la obra civil... a destiempo

El soterramiento de las líneas de alta tensión de Monte Porreiro es un culebrón de más de veinte años que parece ver la luz al final del túnel. Pero los vecinos no acabarán de creérselo hasta que lo vean con sus propios ojos. Y motivos para la incredulidad no les falta. Este proyecto se ha eternizado en los despachos por continuos peloteos políticos que tienen a los residentes en el barrio como principales damnificados del ‘pim, pam, pum’ entre administraciones.

Ángel Mario Lago Portavoz vecinal
"No es una petición caprichosa, sino que queremos prevenir que los campos eléctricos puedan crear problemas de salud"

El rechazo a las desfasadas torretas es unánime. Todos coinciden en que su presencia en el skyline del barrio resulta anticuada a la vez que peligrosa para la salud de los ciudadanos. De ahí que en 2007, la Xunta (representada entonces por la Consellería de Innovación e Industria), Concello y Unión Fenosa firmasen un convenio, por importe de 1,8 millones, para enterrar los cables de la discordia. El compromiso era terminar las obras en 2009 y poder acogerse, así, al FCI (Fondo de Compensación Interterritorial) y Feder (Fondo de Desenvolvemento Rexional) de la UE.

El acuerdo incluía la instalación de dos nuevas torretas, de 35 metros de altura, en las calles Irlanda y Portugal que soportarían el tendido eléctrico. Los cables irán bajo tierra desde las inmediaciones del Centro de Saúde hasta la zona que limita con el lugar de Os Areás (Mourente), donde volverían a ser aéreos.

Pero pasó el tiempo y por Monte Porreiro no apareció máquina alguna. Mientras Xunta y Concello se culpaban mutuamente del incumplimiento, las ayudas europeas se esfumaban.

Luís Rei Portavoz de En Marea
"Estamos moi satisfeitos de comezar a reparar unha débeda da cidade co barrio máis poboado da cidade"

impulso. El PSOE, primero de la mano de Teresa Casal y después de Antón Louro, sacó varias veces el proyecto del cajón de asuntos pendientes (la mayoría de ellas tras una tenaz presión vecinal) y en enero de 2010 adjudicó la obra civil a Faro S.L.U., que se encargó de las bases de las nuevas torres y las canalizaciones. El presupuesto rondó los 600.000 euros.

Pero de nuevo volvieron las desavenencias institucionales. La Xunta exigió unos plazos que el Concello no pudo cumplir, por lo que renunció a las ayudas convocadas por el Gobierno autonómico y alegó no disponer de fondos suficientes para continuar las obras.

Y así continuó el impasse hasta hoy, entre las lógicas protestas y movilizaciones de los afectados. Hasta el porco de Monte Porreiro pidió a gritos una solución.