UPyD presenta ante el TSJC su querella contra la consulta del 9N

UPyD ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y varios miembros de la Mesa del Parlament catalán por actuaciones relacionadas con la consulta soberanista del 9N que había planteado antes -y sin éxito- ante el Supremo.

La formación que lidera Rosa Díez asume por un lado un reciente auto del Supremo señalando que los hechos son competencia del Tribunal Superior catalán. Además, se hace eco de la propia celebración de la convocatoria alternativa del 9N y, a partir de ello, amplía la querella (por tercera vez) ante la aparición de nuevos hechos. De este modo, incluye entre los acusados a miembros del Ejecutivo catalán.

El pasado 13 de noviembre el Supremo desestimó por falta de competencia esta querella de UPyD y apuntó la oportunidad de dirigirla al citado Tribunal Superior. La querella se hace eco de este auto del Supremo pero, al mismo tiempo que asume la competencia del TSJC, apunta la posibilidad de que se llegue a plantear un conflicto de competencias entre ambos. "Las conductas que motivan la querella se han desplegado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña" como ha sido manifestado por el citado auto del Supremo, dice literalmente la querella.

Sin embargo, al mismo tiempo señala que no excluye que "los presuntos delitos también se hayan podido cometer fuera de los límites territoriales de Cataluña, lo que eventualmente podría devenir en un conflicto de competencia entre la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

La querella amplía las personas objeto de acusación y, así, además de actuar contra Mas y Gispert y otros miembros de la Mesa del Parlament (Anna Simó, Lluís M. Corominas, Josep Rull y David Companyon), se dirige también contra varios miembros del Ejecutivo catalán a partir de hechos ocurridos el propio 9N.

Juana Ortega Alemany, vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña; Irena Rigau (conseller de Enseñanza de la Generalitat) y Ramón Espadaler (conseller de Interior), resultan de este modo acusados también.

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