El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, advierte de que podría acudir al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa, en el escrito en el que recurre la fianza de 8,1 millones impuesta por el juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos.
En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Urdangarín pide al juez instructor que retire la fianza de 8,1 millones que se le ha impuesto a él y a su exsocio Diego Torres, dado que, en su opinión, es "desproporcionadamente excesiva" y crearía un "empobrecimiento injusto" al duque de Palma, que se vería obligado a pagar importes ya abonados a Hacienda en concepto de IVA e IRPF.
El recurso presentado por Urdangarín contra la fianza de 8,1 fijada por el juez José Castro no paraliza el plazo para hacer efectiva la suma exigida, que precisamente termina hoy. El abogado del duque, Mario Pascual Vives, se opone en su escrito a cualquier fianza, pero apunta que "resultaría más equitativa" la cifra de 5,9 millones, dado que, según su versión, esa es la cantidad que suman las facturas por los congresos organizados por el Instituto Nóos en Valencia y Baleares, que la Policía Judicial considera supuestamente falsas.
Más allá de la discusión de la cifra fijada como fianza, el abogado del duque de Palma argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que "no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa". "Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la Sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional", advierte el recurso.
Para la defensa de Urdangarín, la instrucción de la causa se está "rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española".
Concretamente, Mario Pascual Vives -que hoy ha declinado hacer más declaraciones a la prensa- argumenta que al imponer la fianza el juez ha expuesto "a deshoras, procesalmente hablando", las bases fácticas contra su cliente que, a su entender, deberían plantearse en una fase posterior de la instrucción. De esa forma, mantiene al abogado, se ha vulnerado "el principio de contradicción, vedando así la posibilidad de discutir o de ofrecer un juicio de inferencia distinto al realizado, prematuramente, por el instructor".
La defensa de Urdangarín alega también en su recurso "la inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo" del contenido de algunos documentos, así como declaraciones de testigos y/o imputados, que el juez incluyó en su auto y que el letrado asegura que ignora.
Otro de los argumentos que expone el recurso es que el juez acaba de imputar el delito de tráfico de influencia a su cliente ex novo, lo que está causando una "indefensión irreparable" a Urdangarín porque, a su juicio, la instrucción del caso es "prospectiva: a medida que se va avanzando se van buscando nuevos delitos".
Entrando en el fondo del asunto, la defensa reitera que el duque "no se ocupaba de materias contables, fiscales y administrativas" al frente del Instituto Nóos y anuncia que aportará a la causa un informe para demostrar la "repercusión y beneficios económicos" que los congresos organizados por la entidad tuvieron para Valencia y Baleares.
El recurso reprocha al juez que la imputación de tráfico de influencias a Urdangarin se base "en el mero hecho de que era (y es) pariente de S.M. el Rey de España" y recalca que los congresos organizados por Nóos significaron que Valencia y Palma "estuvieran en el mapa europeo como destinos turístico-deportivos".
