A pesar de que todavía no ha entrado en vigor, la nueva Ley General de Telecomunicaciones ya está generando problemas en el municipio de Poio. El conflicto ha surgido por una antena de telefonía móvil de Vodafone instalada sobre el tejado de una casa particular, la número 33 de la Rúa Cabanas (en San Salvador).
Los vecinos de la zona denunciaron ante el Ayuntamiento la existencia de este dispositivo, ubicado en una zona poblada y a poca distancia del centro de salud de Anafáns. Por este motivo, el mes pasado, el Gobierno local remitió sendos requerimientos al propietario de la vivienda en la que está la antena y a la empresa responsable para que procediesen al cese cautelar de la actividad.
El Concello dio este paso tras constatar que la estación carece de licencia municipal y resulta ilegalizable atendiendo al PXOM, que no permite este tipo de equipamientos en suelos urbanos ni de núcleo. Además, el Ayuntamiento comprobó que ni Vodafone ni el dueño de la casa solicitaron ningún permiso de obra ni de actividad y tampoco tramitaron ningún plan de implantación. Por todo esto, el Gobierno local ordenó la desconexión del dispositivo de telefonía y anunció que, si los responsables no lo hacían por su cuenta, sería el propio Concello el que procediese a precintar la antena, pudiendo imponer al propietario de la edificación (que responde a las iniciales J.G.C.) multas coercitivas de entre 600 y 6.000 euros.
Sin embargo, lejos de acatar la orden, Vodafone ha optado por echar un pulso al Concello. El operador de telefonía ha enviado una alegación afirmando que no tiene obligación de retirar la antena porque cuenta con autorización del Ministerio de Industria y, para más inri, la empresa ha echado mano de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, a pesar de que esta todavía no ha entrado en vigor, pues su proyecto fue aprobado por el Congreso de los Diputados en febrero y esta semana se ha trasladado al Senado, pero aún no ha finalizado su tramitación.
Esta ley da manga ancha a las operadoras de telefonía y elimina las competencias autonómicas y municipales en la materia.
Así, su artículo 34 establece que «la Administración del Estado y las administraciones públicas deberán colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de las operadoras de comunicaciones de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. (...) Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general».
En base a esta ley, los ayuntamientos no podrán exigir a las compañías telefónicas una licencia previa de instalación, de funcionamiento, actividad o de carácter medioambiental, ni otros permisos de similar analogía.
Recurso contencioso
Vista la situación, el alcalde, Luciano Sobral, ha señalado hoy que el Concello pretende presentar un recurso contencioso a fin de defender su competencia sobre la instalación de estaciones de telefonía en el muncipio y solicitar la retirada de la existente en la Rúa Cabanas. El regidor ha mantenido hoy una reunión con algunos de los vecinos que denunciaron dicha antena y les ha comunicado los hechos.
Por su parte, los afectados señalaron que recogerán firmas para apoyar la petición del Ayuntamiento y exigir el precintado del dispositivo. Tal y como indicó una de ellas, «esta antena está en un núcleo de población y muy cerca del centro de salud. Lleva instalada unos cinco años y entre los vecinos han aparecido casos de cáncer y otras enfermedades. Queremos que la retiren cuanto antes».
