PONTECESURES. Victoria Santiago Lagares, quien junto a los otros seis miembros de su familia está al borde del desahucio de la vivienda en la que habita en Monte do Porto (Pontecesures), presentará una demanda civil «para hacer valer sus derechos de propiedad, que la jueza de Caldas le ha arrebatado», informó la plataforma Stop Desahucios Barbanza.
No obstante, matiza, el proceso judicial emprendido por la «legítima propietaria» se prevé dilatado en el tiempo, por lo que, tal como había anunciado la semana pasada, ayer se presentó la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para solicitar «medidas cautelares» para paralizar el desalojo, previsto en un principio para el pasado 13 de febrero y que fue aplazado hasta el 7 de marzo.
El portavoz de la plataforma, José Manuel Pena, reitera que «el empecinamiento en su error» por parte de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Caldas de Reis ha llevado a que, «a pesar de que se le ha puesto de manifiesto su extralimitación al disponer, en un juicio de faltas por coacciones y amenazas, de la propiedad privada de una familia se haya empeñado en desalojar a dicha familia». Apenas concedió un aplazamiento de la expulsión. Y eso, añade el portavoz, «a pesar de haberse cometido un error material gravísimo por estar la titularidad de la vivienda indebidamente considerada desde un punto de vista meramente jurídico».
De este modo, ante «esta perserverancia en el error» de la jueza y la inminencia del desalojo, «dada la conocida lentitud de los tribunales españoles» y debido a que la sentencia no es recurrible, el abogado Ignacio Delgado, colaborador de la Plataforma Stop Desahucios Barbanza, ha solicitado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, cautelarmente, se suspenda dicha expulsión de la vivienda por atentar contra los artículos 7 y 8 de la Convención de Derechos Humanos.
Tribunal Supremo
Asimismo, el colectivo no descarta otras medidas que lleven a la nulidad de las actuaciones, como pudieran ser el recurso al Tribunal Supremo solicitando la anulación de las actuaciones de la jueza Cristina Sánchez Neira «por haber ordenado la expulsión de una familia de su vivienda disponiendo de la misma a sabiendas de que no podía hacerlo en el marco de un juicio de faltas».
Los servicios jurídicos de Stop Desahucios Barbanza consideran que, en caso de llevarse a cabo el desalojo de Victoria Santiago Lagares y su familia, «estaríamos ante una gravísima lesión» de los citados artículos al entender que se estaría sometiendo a Victoria y su familia, incluyendo a dos menores de nueve y doce años, «a un procedimiento gravemente lesivo para sus intereses personales y para su bienestar físico, como el que supone dejarles sin un techo donde cobijarles».
