La Sala número 4 del Juzgado de lo Social de Pontevedra acogió este jueves el juicio por la primera reclamación de las trabajadoras del CIM de Ponte Caldelas, que dio origen a la decisión de no renovar su contrato y, a la postre, al desmantelamiento del servicio financiado por la Xunta a finales de diciembre.
Este juicio se corresponde con una reclamación presentada en abril de 2016 por las dos trabajadoras del Centro de Información homologado en el Concello de Ponte Caldelas —una abogada y una psicóloga— que, en la línea con las trabajadoras de estos puestos de otros concellos, decidieron reclamar su integración en la plantilla como personal laboral.
Una de las trabajadoras, la abogada, reclama convertirse en personal laboral del Grupo A a jornada completa, mientras que la psicóloga reclama media jornada, en atención a la cantidad de horas que trabajaba en el Concello. Ambas piden la equiparación con los puestos de personal laboral con contrato indefinido (un tipo de contrato rescindible por causas objetivas) y argumentan que el del CIM no es un servicio que se pueda prestar, tal y como está estructurado, de un modo independiente de la actividad municipal, por lo que, tras diez años ejerciendo, consideran que deberían ser personal propio del Concello y no externo.
En el transcurso de la sesión se pudo saber que las dos trabajadoras plantearán una nueva demanda por despido nulo
El abogado de las dos trabajadoras se centró en explicar las condiciones en las que trabajaban como falsas autónomas, es decir, facturando mensualmente al Concello por un servicio externo que no podría prestarse sin instalaciones municipales, material dotado por el Concello y una subvención de la Xunta que se ha de solicitar a través de la entidad municipal. El Gobierno local rechaza la validez de estos argumentos, al haber reparos de Intervención en cada uno de los pagos a estas trabajadoras.
La tesis de las demandantes fue acompañada de una prueba documental que incluyó los casos de otros municipios en los que prosperaron demandas similares —este mismo jueves el TSJ dio la razón a una trabajadora del CIM de O Porriño en una reclamación similar a esta— y una prueba testifical en la que participaron cuatro trabajadores laborales del Consistorio .
En defensa del Concello compareció una letrada que expuso los principales argumentos para rechazar la laboralización: el peso económico de esta decisión sobre las arcas municipales y la incapacidad del Concello para asumir la diferencia de costes entre los cerca de 30.000 euros que se destinaban a este servicio antes del cierre y los 43.000 que supondría la contratación; y la idea de que la atención a la violencia de género y a la igualdad ("un concepto nuevo", según dijo la letrada), no deben ser una competencia municipal ni compartida, sino de la Xunta.
En el transcurso de la sesión se pudo saber que las dos trabajadoras plantearán una nueva demanda por despido nulo, por la no renovación del contrato.
