lunes. 23.09.2019 |
El tiempo
lunes. 23.09.2019
El tiempo

Dos años y medio de cárcel para un armador que trabajaba para San Miguel

Muchas de las ventas tenían lugar en O Berbés. CHRISTIAN FERNÁNDEZ
Muchas de las ventas tenían lugar en O Berbés. CHRISTIAN FERNÁNDEZ

El condenado vendió pescado en B, obteniendo por ello una contraprestación que roza los 800.000 euros

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha otorgado firmeza a un dictamen redactado por el Juzgado de lo Penal 1 de A Parda, que condena a un armador que trabajaba en exclusiva para la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín a dos penas que suman dos años y cinco meses de prisión, además de al pago de unos 700.000 euros en concepto de multas e indemnizaciones. El procesado, que aún podrá recurrir ante instancias superiores por la vía de la casación, cometió dos delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al no declarar los grandes beneficios que obtuvo. En otras palabras: el ahora condenado vendió pescado en B en los ejercicios investigados (2008 y 2010), obteniendo como contraprestación una suma que roza los 800.000 euros opacos a la Agencia Tributaria.

"El acusado vendió capturas de pescado a la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar San Miguel y no las reflejó en su contabilidad ni en su registro de ingresos, de tal suerte que no declaró a la Hacienda Pública estos rendimientos de su actividad económica, con un importe global de ventas ocultas efectuadas en 2008 de 393.000 euros y de 378.000 en 2010", detalla la sentencia. Paralelamente, los gastos no contabilizados relacionados con las citadas ventas fueron de unos 14.000 euros en total, que habría que descontar de los beneficios mencionados.

El dictamen, que deja claro que el armador vendía "todas sus capturas" a San Miguel, añade que la AEAT dejó de ingresar unos 300.000 euros en las citadas anualidades en concepto de IRPF.

Por ello, decide condenar al investigado a una pena de un año y dos meses de cárcel, multa de 200.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por un período de tres años y medio (por el primero de los delitos), y a un año y tres meses de prisión, multa de 210.000 euros y prohibición en los mismos términos pero por un período de tres años y nueve meses por el segundo.

Además, el acusado deberá indemnizar al Estado con las cantidades que defraudó y que, sumadas, ascienden a 300.000 euros.

En su recurso, el investigado trató de desvirtuar las pruebas, pero sus argumentos no fueron estimados por la Audiencia.

Dos años y medio de cárcel para un armador que trabajaba para San...