Un guardiamarina tailandés, exalumno de 4º curso de la Escuela Naval Militar de Marín, acaba de ser condenado a cuatro años de prisión por colocar cámaras y grabar a alumnas en las camaretas de estas instalaciones.
El acusado, que fue expulsado del centro castrense tras conocerse los hechos, deberá abonar cuantías a las afectadas que alcanzan los 40.500 euros, además de no poder acercarse a ellas durante diez años.
Los hechos salieron a la luz el 14 de febrero del pasado año, cuando el acusado colocó dos dispositivos de grabación, un dispositivo telefónico y una minicámara, en dos camaretas del centro de formación ocupadas por ocho alumnas, pero que fueron descubiertos antes de la captación de imágenes.
Tras localizar el teléfono móvil pegado a una de las camaretas, las alumnas hallaron en sus cajas de persianas tiras de pegamento de doble cara como las que tenía el dispositivo encontrado.
El propio procesado acudió a su superior a confesar su autoría tan pronto como se tuvo conocimiento del hallazgo del primer dispositivo. Posteriormente desveló el lugar en el que se encontraba el segundo aparato de grabación, lo que ayudó a la investigación.
Sin embargo, no fue un hecho aislado. Desde finales del año 2018, cuando se encontraba en segundo curso, el acusado ya había grabado a diversas alumnas del centro militar sin su consentimiento sirviéndose de una minicámara tanto en sus camaretas como en las duchas, captando imágenes en ropa interior, cambiándose de ropa y totalmente desnudas.
A raíz de estos hechos, el Juzgado Togado Militar Territorial nº 41, con sede en A Coruña, lo ha considerado culpable de ocho delitos de abuso de autoridad en su modalidad de atentado grave a la intimidad, y trece relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares.
El tribunal considera que la conducta del encausado representa "un acto gravemente atentatorio a su intimidad". "El solo hecho de acceder ilegítimamente en la camareta de las alumnas, de forma clandestina y sin consentimiento de las integrantes de la misma, con la finalidad de colocar un dispositivo de grabación para captar imágenes íntimas de las mismas, ya constituye un atentado grave a su intimidad", expresa la sentencia, que se hace pública tan solo un par de semanas después de que se condenara a un sargento de la Armada por hacer guardia en la Escuela Naval Militar en estado de embriaguez.
Los hechos se remontan al 2 de agosto de 2019, cuando el entonces comandante director, Ignacio Cuartero, ordenó que se realizase una prueba de alcoholemia a todo el personal que se hallaba de guardia en ese momento. El acusado, que ya presentaba síntomas de embriaguez, arrojó resultados de 116 miligramos por litro de aire espirado, en primer análisis, y 117, en el segundo.
