La no intencionalidad del pesquero marinense a la hora de invadir la Zona Económica Exclusiva de Argentina puede ser la clave para que la armadora no tenga que asumir una multa desmesurada.
Así lo ha explicado a este diario el abogado que lleva la defensa de Pesquerías Marinenses, Alberto Penelas, letrado vigués perteneciente al bufete Amya Abogados. "Después de acreditar con el error del GPS que no había intencionalidad por parte del buque, estamos intentando que la multa se rebaje, y yo creo que se conseguirá", relata, ya que con un desenlace así todas las partes ganarían: los argentinos demostratrían su energía a la hora de combatir la pesca ilegal, la armadora podría poner de nuevo en marcha el buque al asumir el pago de la multa con más facilidad y la tripulación podría volver a faenar.
La estrategia trazada también tratará de evitar que las autoridades locales decomisen toda la carga
Sin embargo, todo apunta a que el proceso administrativo abierto contra el pesquero —y, por consiguiente, su liberación— se dilatará, por lo menos, hasta finales de la semana que viene. "Todo depende de la celeridad con la que lleguemos a un acuerdo", apunta el letrado, que señala la festividad del Carnaval como el factor definitorio de la ralentización de los trámites.
RETENER EL BUQUE. Alberto Penelas explica que las autoridades locales "juegan" con la necesidad imperiosa de las armadoras de mover sus barcos lo antes posible para imponer unas sanciones elevadas. "Con las alegaciones, el pesquero podría estar parado más de un mes» en el puerto de Comodoro Rivadavia, "por eso estamos buscando una fórmula que acelere el proceso". "Allí tienen mucha presión", añade, "porque el peso (la divisa local), que es en lo que imponen ellos la multa, ha perdido muchísimo valor con respecto al dólar en los últimos tiempos".
La legislación argentina tiene fijada una sanción de entre cinco y diez millones de pesos para las embarcaciones que faenan de forma ilegal en aguas de su propiedad, lo que se traduce en una cantidad a abonar de entre 20.000 y 40.000 euros.
La involuntariedad por parte del capitán de introducir el pesquero en la ZEE podría reducir la cuantía, dada la luz que arrojó la caja azul del buque en todo el suceso, cuyos datos concluyeron que el GPS estaba dañado, motivo por el cual el máximo responsable de la embarcación creyó estar navegando en aguas internacionales.
LA CARGA. Cuando los guardacostas argentinos apresaron al "Playa Pesmar Uno", con puerto base en Marín, este transportaba una carga de 320 toneladas de pescado procesado en sus bodegas.
Dentro del procedimiento abierto contra el pesquero se incluye la inspección por parte de las autoridades locales de la carga transportada, pero también su decomiso. La defensa legal de Pesquerías Marinenses tratará ahora de evitar "que se requise la carga en su totalidad", apunta Alberto Penelas.
Para ello, se valdrán del Diario Electrónico de Pesca, con el que la embarcación remite informes diarios a la Secretaría de Pesca del Gobierno de España, en los que se detalla cuánto se pesca y dónde. "El barco solo estuvo dos horas dentro de aguas argentinas, así que intentaremos acreditar que el resto de la carga que se pescó no se debería decomisar", ya que fue capturada legalmente.
