Un drogodependiente acepta dos años de cárcel por vender coca en Seixo

Audiencia Provincial de Pontevedra. DAVID FREIRE
photo_camera Audiencia Provincial de Pontevedra. DAVID FREIRE
Con la condición expresa de que no cometa ningún delito en el plazo de dos años, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra no ordenará por el momento el ingreso en prisión de un individuo que fue cazado por agentes de la Policía Nacional en posesión de una bolsa con más de 20 gramos de cocaína preparados para su venta, así como con más de 1.000 euros producto de la ilícita actividad a la que se dedicaba cuando acabó siendo detenido.

Los hechos, reconocidos por le investigado en aras de obtener un acuerdo ventajoso para sus intereses por la vía de la conformidad, se produjeron en el párking de un conocido bar de Seixo, en el término municipal de Marín, sobre las 22.20 horas del 19 de agosto del año pasado.

En ese punto se personaron agentes de la Comisaría Provincial, que contaban con los datos precisos acerca de las actividades supuestamente ilícitas a las que se vendría dedicando el hombre que era objeto de vigilancia. En cuanto se dirigieron a él, comprobaron que portaba la bolsa con la droga, además del dinero en efectivo, por lo que procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

En el posterior proceso analítico en los laboratorios, los investigadores supieron que la droga que manejaba el procesado tenía una pureza nada despreciable de un 60 por ciento.

La sentencia deja claro, además, que el condenado padece adicción a las drogas (tanto a la cocaína como a la heroína), al tiempo que expone que "a priori, presenta un pronóstico favorable de comportamiento futuro no delictivo". Además, y dado que es su primera sentencia condenatoria por estos hechos, no ingresará en el centro penitenciario de A Lama salvo que reincida en los próximos meses.

La propia representante del Ministerio Fiscal en la causa, Carmen Novo Colldefors, solicitó la suspensión de la pena de dos años de cárcel, añadiendo, eso sí, el pago de una multa de 1.000 euros por lo ocurrido.

El presente dictamen es una muestra más del interés de las autoridades judiciales por fomentar la reinserción social de personas con adicciones que cometen delitos contra la salud pública.