Marín volvió a acoger una nueva concentración de familiares del Villa de Pitanxo, arropados por centenares de vecinos y amigos, para pedir que su tragedia no quede en el olvido y que se tomen decisiones inmediatas.
Durante su exposición, María José de Pazo, en nombre de las víctimas, reclamó una urgente reacción al Gobierno para bajar lo antes posible al pecio sumergido en aguas de Terranova y así poder localizar cualquier prueba o vestigio que arroje luz a lo ocurrido aquel fatídico 15 de febrero.
Cristofer González, hijo del engrasador del barco, fue más allá y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mentir con sus excusas para no desplazar efectivos. "Soy de izquierdas, pero si tengo que criticar a un gobierno de izquierdas por mentir y no hacer su trabajo, lo haré", subrayó.
El joven insinuó que el cúmulo de inconvenientes que argumenta el Ejecutivo pueden ser una cortina de humo para tapar la realidad. "¿Acaso están intentando ocultar pruebas?", se preguntó.
También arremetió duramente contra la empresa armadora "que da asco", al apuntar que obligó a sus marineros a trabajar en unas condiciones desfavorables "para enriquecerse 3 o 4".
Las familias consideran prioritario llevar a cabo alguna acción que permita llegar hasta el buque aprovechando la bonanza meteorológica. "Tiene que hacerse ahora, en junio, porque más adelante será difícil y nos pondrán la excusa del mal tiempo", alertó María José de Pazo.
El delegado del Gobierno también fue blanco de sus iras por insinuar que las familias habían pedido una inspección con buzos, a lo que el representante gubernativo respondería que no estaba dispuesto a arriesgar más vidas humanas. "Nosotros jamás hemos pedido eso, no se le ocurre ni a un niño de 5 años. Pero sí hemos hablado con expertos y sabemos que España dispone de robots y de drones subacuáticos para poder realizar esa inspección, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Eso es exactamente lo que pedimos. Que no nos mientan más ni que engañen a la opinión pública, por favor", dijo.
Durante el también habló Samuel Kwesi, el superviviente de origen ghanés, que pidió al Gobierno que no faltase a su palabra, durante una emotiva intervención. Era la primera vez que hablaba en público tras la tragedia. No dio detalles sobre lo ocurrido, pues se encuentra bajo investigación judicial, se limitó a pedir que se investigue hasta el último esfuerzo todo el naufragio "por la memoria de los fallecidos y para que sirva de precedente para futuras situaciones similares". Afirmó que en su país impera la corrupción y el engaño, pero que él confiaba ciegamente en que las autoridades españolas sepan hacer bien su trabajo y cumplan con su responsabilidad.
El acto concluyó con la lectura de los nombres de los 21 fallecidos en el naufragio y con un emotivo minuto de silencio.
