El despacho Pérez-Lema Avogados e Consultores, que representa a familiares de usuarias de la residencia DomusVi de Aldán, en Cangas, considera que las diligencias practicas "son insuficientes", después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra haya confirmado el sobreseimiento del procedimiento penal contra la empresa y dos exaltos cargos de la Consellería de Política Social.
La sección cuarta de la Audiencia dictó la pasada semana el archivo de una causa abierta a raíz de una querella presentada por las hijas de dos usuarias del centro de Cangas que se contagiaron de covid-19 en la primera ola de la pandemia, de las cuales una terminó falleciendo.
Al respecto, el bufete de abogados censura que las diligencias "adolecen de incongruencias y sesgos que limitan su valor probatorio". Expone que no hallaron indicios de responsabilidad penal "porque no se permitió la identificación de los datos objetivos, pese a disponerse de prueba para hacerlo".
Reprueba que "la documentación manejada respondía únicamente a los intereses de defensa de la residencia DomusVi Aldán y no evaluó el grado de cumplimiento de los protocolos sanitarios". Por ello, no descarta la toma en consideración de nuevas pruebas.
A modo de ejemplo, apunta a que la "única información manejada por el médico forense" fue el informe asistencial y el de alta hospitalaria, "sin que conste consulta del historial clínico" de una de las residentes. "Esto es: se evalúa a una persona muerta a través de documentos que no aportan información sobre lo acontecido en los días previos al óbito y sobre los cuidados recibidos".
Asimismo, Pérez-Lema Avogados e Consultores se queja de que "no se permitió" evaluar las circunstancias concretas de cada caso, ni siquiera mediante la evaluación médica a una de sus defendidas que no falleció. "La única certeza es que los fallecimientos no se habrían producido de preservar a las personas residentes del contagio del coronavirus", sostiene la acusación.
