Un juzgado de Cangas abre diligencias penales sobre las residencias gallegas

Todo parte de una denuncia de familiares de usuarios de residencias de mayores de Galicia presentada ante la Guardia Civil 
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photo_camera Labores de desinfección en una residencia

Una denuncia de familiares de usuarios de residencias de mayores de Galicia presentada ante la Guardia Civil ha dado pie a la apertura de diligencias previas penales en el Juzgado de instrucción número 1 de Cangas.

Así consta en el decreto de incoación de diligencias preprocesales civiles de la Fiscalía Superior de Galicia a partir de la denuncia presentada por los familiares de usuarios representados en la federación REDE, al que ha tenido acceso Efe.

Las diligencias han sido remitidas a las fiscalías provinciales y de área para que las incorporen al seguimiento que realizan sobre los contagios por Covid-19 en los geriátricos gallegos.

Es el mismo procedimiento que previamente la Fiscalía Superior de Galicia siguió tras recibir una denuncia del Defensor del Paciente.

En su decreto, la Fiscalía Superior de Galicia expone, en el apartado de fundamentos de derecho, que estos hechos fueron denunciados en primera instancia ante la Guardia Civil de Cangas, que remitió a su vez al juzgado de instrucción 1 de esta localidad pontevedresa, "dando lugar a diligencias previas penales".

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, esgrime que "la obligación de investigar que corresponde al ministerio fiscal y tramitar las correspondientes diligencias de investigación penales bien directamente, bien al serle presentada una denuncia o un atestado, tienen el límite legal impuesto con la obligación de abandonarlas o no iniciarlas si hay procedimientos penales en trámite en los órganos judiciales".

En total, la federación de usuarios y familiares Rede ha presentado tres denuncias, una contra propietarios y gestores de las residencias donde se contabilizan fallecidos y/o contagiados por Covid-19, otra específica contra los del grupo DomusVi, cuyos centros concentran las mayores tasas de incidencia, y una contra dos altos cargos y una funcionaria de la Xunta. 

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