La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra inició este martes el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía pide penas que suman 21 años de prisión por, supuestamente, agredir sexualmente a una mujer septuagenaria en su vivienda de Bueu, a la que también habría golpeado y robado.
Al inicio del juicio el acusado ha negado los hechos que se le imputan, aunque su declaración tendrá que esperar hasta la última sesión de la vista oral.
El juicio por estos hechos se retomó este martes después de que hubiese sido suspendido el pasado 12 de enero porque el abogado defensor presentaba síntomas compatibles con el coronavirus.
En esta ocasión el letrado planteó una serie de cuestiones previas, la más llamativa fue una petición para que el acusado declarara en último lugar tras la práctica de la prueba. El abogado de la defensa argumentó que es una circunstancia que "próximamente estará vigente con el nuevo Código Procesal Penal".
En este mismo sentido le ha respondido la fiscal, recordando a la sala que este hombre está siendo juzgado "siguiendo los trámites legalmente previstos a día de hoy". El tribunal ha aceptado la petición del abogado y su cliente será el último en declarar en el plenario.
"VULNERACIÓN DERECHO A LA INTIMIDAD"
La defensa también alegó la "vulneración del derecho a la intimidad" de su cliente, al entender que durante la investigación se obtuvo su perfil genético "con engaño" por parte de la Guardia Civil, por lo que la práctica de esta prueba fue, dijo, "fraudulenta".
La fiscal ha replicado que no va a utilizar esa prueba durante el juicio, por lo que no pone reparos a la queja del letrado. "No nos interesa esa prueba", ha dicho. El Ministerio Público cuenta con otra recogida de muestras biológicas que se obtuvo con la autorización expresa del acusado y estando asistido en ese momento por su abogado.
"Todo se practicó legalmente, respetando y garantizando su intimidad", ha subrayado la fiscal.
Además el abogado protestó porque la víctima, una mujer de cerca de 80 años, compareciese por videoconferencia y asistida por un psicólogo. Considera el letrado que esa debe ser una "situación excepcional" y exigió "un proceso con todas las garantías y en igualdad de armas", ya que "entendemos que no está motivada" esa declaración por vía telemática.
El tribunal desestimó esta petición. Con todo, por problemas técnicos que imposibilitaron la conexión, la mujer tuvo que acudir personalmente hasta la Audiencia donde compareció a puerta cerrada, momento en el que el tribunal ordenó el desalojo del público de la sala.
ACUSACIÓN
Según el escrito de acusación pública, los hechos por los que se juzga a este hombre ocurrieron en la madrugada del 3 al 4 de marzo de 2017, cuando el acusado, vestido con ropa oscura y con la cabeza cubierta por un pasamontañas, entró en una vivienda en Bueu tras romper los cristales y los barrotes de una puerta.
En la vivienda se encontraba la víctima sola, que fue sorprendida por el asaltante y no pudo defenderse, según sostiene la Fiscalía. Así, relata en su escrito que se abalanzó sobre la mujer (de 75 años de edad), a la que golpeó y la despojó del pijama, antes de ponerle cinta aislante en la boca, taparle la cabeza con ropa y atarle las manos por detrás y las rodillas.
Tras agredirla sexualmente, le echó por encima el contenido de una botella de vino y, con un trozo de sábana, trató de eliminar restos biológicos. A continuación, le robó 1.250 euros que la mujer tenía en un bolso, le tiró el teléfono móvil a un cubo de basura en la cocina y, después de soltarle la cuerda de las rodillas, huyó de la vivienda.
Como consecuencia del ataque, la septuagenaria sufrió lesiones físicas y secuelas. Por estos hechos, el ministerio público considera al acusado autor de un delito de agresión sexual con penetración, otro de lesiones y uno de robo con violencia, y considera que concurren las circunstancias agravantes de alevosía y disfraz.
Por la agresión sexual pide que sea condenado a 15 años de cárcel; por el robo a cuatro años; y por las lesiones, a dos años de prisión. También reclama que indemnice a la víctima con 8.460 euros por las lesiones y las secuelas, que le devuelva los 1.250 euros que le robó y que pague los 90 euros del arreglo de los cristales fracturados en la casa (el resto de daños fueron cubiertos por el seguro).
